La caída de Nicolás Maduro no solo sacudió a Venezuela: reconfiguró de inmediato el mapa político de América Latina. La operación militar encabezada por Estados Unidos, que terminó con la captura del líder chavista y su traslado fuera del país, provocó una rápida y marcada división entre los gobiernos de la región, que se alinearon entre quienes celebraron el fin del régimen y quienes denunciaron una violación a la soberanía venezolana.

Mientras en Caracas se sucedían explosiones, apagones y un clima de máxima tensión, las cancillerías latinoamericanas comenzaron a pronunciarse. El eje de la discusión quedó claro desde el inicio: democracia y derechos humanos versus no intervención y soberanía, dos conceptos que volvieron a chocar con fuerza tras un hecho sin precedentes.

Del lado de los países que respaldaron la caída del chavismo, Argentina fue una de las primeras en fijar posición. El presidente Javier Milei celebró abiertamente la captura de Maduro y sostuvo que se trató del colapso de un régimen dictatorial que había manipulado elecciones y sostenido su poder de manera ilegítima. Además, anticipó que su gobierno acompañará a Estados Unidos en el debate convocado de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Chile, bajo el liderazgo del presidente electo José Antonio Kast, también se expresó con dureza. Señaló que Maduro no representaba la voluntad popular y vinculó su permanencia en el poder con el crecimiento del narcotráfico, el crimen organizado y la migración forzada de millones de venezolanos. En la misma línea, llamó a los gobiernos regionales a garantizar una transición democrática y a exigir que el entramado del régimen rinda cuentas.

Paraguay sostuvo una postura similar. Desde Asunción se destacó que la salida de Maduro debe abrir paso a la restauración del Estado de derecho y permitir que la voluntad expresada en las urnas sea el motor de la reconstrucción institucional. El presidente Santiago Peña fue más allá y ofreció la experiencia paraguaya de transición democrática como aporte al proceso venezolano.

Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá también manifestaron su apoyo al pueblo venezolano y a la recuperación de la democracia. En particular, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue contundente al señalar que las estructuras criminales asociadas al chavismo comenzarían a caer en toda la región. Nayib Bukele, desde El Salvador, respaldó sin ambigüedades el operativo estadounidense, mientras que Panamá llamó a respetar el resultado electoral que había desconocido el régimen.

En el bloque opuesto quedaron los gobiernos que rechazaron la operación y defendieron a Maduro. Brasil fue uno de los más críticos. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la captura como una afrenta a la soberanía y advirtió que este tipo de acciones sientan precedentes peligrosos para la estabilidad regional. Para Lula, el uso de la fuerza por fuera del multilateralismo internacional conduce a un escenario de caos.

México mantuvo su histórica doctrina de no intervención. La administración de Claudia Sheinbaum condenó el operativo militar, lo consideró una violación a la Carta de las Naciones Unidas y pidió la intervención urgente de la ONU para promover el diálogo, sin hacer referencia a las causas judiciales que pesan sobre Maduro.

Cuba también salió en defensa del chavismo. Su canciller denunció una agresión militar injustificada y exigió una respuesta inmediata de la comunidad internacional. Colombia, por su parte, adoptó una postura más cauta: el presidente Gustavo Petro expresó preocupación por la escalada de violencia, llamó a la desescalada y priorizó la estabilidad regional, una posición leída como un intento de contener el impacto en la frontera común y la crisis migratoria.

Uruguay se ubicó en un punto intermedio. Rechazó la intervención militar, reafirmó su apego al derecho internacional y pidió una solución pacífica, al tiempo que activó protocolos consulares para resguardar a sus ciudadanos en Venezuela. El presidente Yamandú Orsi insistió en que el fin no puede justificar los medios y convocó a su gabinete para seguir de cerca la evolución del conflicto.