Una grave denuncia sacude a la Policía de Tucumán. Una investigación interna reveló que varios detenidos eran retirados de los calabozos de una comisaría y trasladados a una vivienda particular para realizar tareas de construcción. Lo más escandaloso: la propiedad pertenecería a un alto jefe policial.
El caso estalló tras una serie de denuncias anónimas que llegaron directamente al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien al verificar los datos informó de inmediato al gobernador Osvaldo Jaldo. Ambos funcionarios ordenaron una pesquisa urgente y, al confirmarse los hechos, firmaron un decreto de expulsión inmediata para los responsables: el jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, y su segundo, el comisario Sergio Juárez.
Un escándalo dentro de la fuerza
Según la investigación, al menos cuatro presos eran trasladados periódicamente en patrulleros hacia la casa de veraneo de Beltrán, donde realizaban tareas de albañilería junto a los propios policías que debían custodiarlos. Al momento de la inspección, las autoridades encontraron a dos de ellos en plena jornada laboral.
Las fuentes judiciales revelaron que los detenidos estaban condenados por delitos sexuales, lo que agrava la situación, ya que por disposición de la Corte Suprema provincial deberían estar alojados en cárceles y no en dependencias policiales.
La fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán, quien fue convocado a la oficina de Recursos Humanos de la Policía y quedó preso tras su declaración. Minutos más tarde también fue aprehendido Juárez, aunque se presentó de manera voluntaria y entregó su teléfono celular para ser peritado.
Reacción inmediata y mensaje político
El Gobierno provincial actuó con dureza. El decreto 3.407, firmado por Jaldo y Agüero Gamboa, consideró los hechos como “conductas incompatibles con la función policial” y los sancionó con la baja directa, sin posibilidad de jubilación ni retiro provisorio.
“Es una falta gravísima. Los que cometan delitos se irán de la fuerza”, sentenció el jefe de Policía, Joaquín Girvau, al confirmar además que habrá una revisión general dentro de la institución para detectar posibles casos similares.
Desde el entorno de la Casa de Gobierno calificaron la decisión como “una respuesta ejemplar frente a un hecho que daña la confianza ciudadana”.
El escándalo dejó expuesta una trama de corrupción, abuso de poder y encubrimiento dentro de una de las regionales más importantes de Tucumán, que abarca Trancas, Tafí Viejo, Yerba Buena y Las Talitas.
Mientras avanza la causa judicial, la imagen de la fuerza provincial vuelve a quedar en el ojo de la tormenta: los jefes que debían velar por la ley, terminaron usándola en beneficio propio.
