El Gobierno nacional avanzó con un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal y eliminar los tradicionales octógonos negros que advierten sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías en alimentos procesados y ultraprocesados. La iniciativa ya fue enviada al Congreso y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
Desde el oficialismo sostienen que el sistema actual presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” y aseguran que termina generando información “confusa” para los consumidores. Uno de los principales argumentos del Gobierno apunta a que la normativa utiliza criterios homogéneos para alimentos muy distintos, sin contemplar porciones reales de consumo ni densidad nutricional.
Según esa postura, productos considerados tradicionales o incluso saludables terminan recibiendo advertencias similares a las de alimentos ultraprocesados, lo que -según afirman- distorsiona la interpretación del consumidor.
El Ejecutivo también cuestiona el funcionamiento “binario” del esquema actual. Según el proyecto, una empresa que reduzca parcialmente azúcar, sodio o grasas en un producto sigue manteniendo el sello negro, por lo que el sistema no incentivaría mejoras graduales en la composición nutricional.
Otro eje de discusión aparece en el plano económico y comercial. El Gobierno sostiene que la falta de armonización del etiquetado dentro del Mercosur obliga a las empresas a producir envases distintos para cada país, aumentando costos operativos y burocráticos, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
En paralelo, el oficialismo remarca que la derogación no implicaría eliminar completamente la información nutricional de los productos. Según explicaron, continuarán vigentes las exigencias del Código Alimentario Argentino y las normas regionales que obligan a informar contenido energético, sodio, grasas y azúcares en los envases.
La Ley 27.642 había sido sancionada en 2021 y estableció la obligatoriedad de incorporar sellos negros de advertencia en productos que excedieran determinados límites nutricionales. Además, la norma restringió publicidad dirigida a niños y prohibió la utilización de personajes infantiles, celebridades o promociones en alimentos con sellos de advertencia.
El proyecto del Gobierno abre ahora un nuevo debate entre sectores políticos, organizaciones de salud pública, consumidores y la industria alimenticia.
Mientras desde el oficialismo sostienen que el sistema actual es “rígido” y técnicamente deficiente, distintos organismos sanitarios y entidades vinculadas a nutrición defienden la continuidad de los octógonos como herramienta de información clara para la población.
