La Universidad de Buenos Aires decidió iniciar acciones judiciales para obligar al Poder Ejecutivo a implementar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial del sector, norma que fue promulgada pero cuya aplicación quedó suspendida por decisión del Gobierno nacional.
La resolución fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, que acusó al Ejecutivo de incumplir sus obligaciones constitucionales al frenar el desembolso de los fondos previstos por la ley votada e insistida por ambas cámaras del Congreso.
Desde la institución señalaron que el decreto que postergó su ejecución “promulga formalmente, pero suspende materialmente la ley”, lo que —advirtieron— altera el equilibrio republicano entre poderes y desconoce la voluntad expresa del Parlamento. En ese sentido, remarcaron que la decisión oficial “vulnera derechos constitucionales” al impedir el financiamiento adecuado del sistema universitario y la recomposición salarial de sus trabajadores.
La UBA alertó que el sistema universitario nacional atraviesa una situación crítica: las prórrogas del presupuesto 2023 quedaron fuertemente desactualizadas por la inflación y, durante 2024, los salarios docentes y no docentes habrían perdido más del 40% de su poder adquisitivo. Según la casa de estudios, la recomposición salarial otorgada hasta ahora está lejos de empatar el índice inflacionario del INDEC.
La universidad enfatizó que la ley en cuestión no solo contempla fondos para sueldos, sino también para infraestructura, becas, carreras estratégicas y proyectos académicos, por lo que su no ejecución representa “un perjuicio directo a uno de los bienes más valiosos de la sociedad argentina: la educación pública”.
“La UBA tomará todas las medidas institucionales necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la preservación del derecho a la educación superior”, concluyó el comunicado aprobado este miércoles.
