Una familia de Pilar vivió una verdadera odisea al recibir la factura de agua más elevada registrada en la zona: más de $6,6 millones en una boleta emitida por Aysa.
La intervención de la Defensoría del Pueblo de Pilar fue clave para que la Justicia fallara a favor de los vecinos, reduciendo de manera significativa el monto reclamado por la empresa estatal.
La vivienda afectada está ubicada sobre la ruta 8, a pocos metros de la sede local de Aysa, lo que hizo aún más llamativo el caso.
Todo comenzó a mediados de 2024. En junio, Cecilia y Alberto, la pareja que habita la casa, se sorprendieron al recibir una factura por $500.000, cuando habitualmente pagaban unos $10.000 mensuales.
“Como vivimos cerca, al día siguiente fui a las oficinas de Aysa a reclamar”, contó Cecilia a Pilar a Diario. Sin embargo, los empleados le informaron que debía abonar el importe completo.
Tras insistir, lograron que inspectores de la empresa revisaran el domicilio, donde el supervisor detectó una falla en el medidor de agua. “A pesar de esto, la deuda seguía sin eliminarse y crecía cada vez más”, relató la pareja. En poco tiempo, la cifra escaló al millón de pesos y siguió aumentando, aun cuando continuaban pagando el consumo habitual.
En septiembre, la situación llegó a un punto límite: la deuda final ascendía a $6.633.891,16, justo antes de que se resolviera el conflicto judicial.
“Me ofrecían reducir la deuda a 4 millones y pagarlos en cuotas”, recordó Alberto. “Estábamos angustiados porque no se resolvía, aunque sabíamos que el problema era del medidor”.
La calma llegó recién con el fallo definitivo de la Justicia. El titular de la Defensoría, Adrián Maciel, explicó que Aysa sostenía que en julio de 2024 el domicilio había consumido 3.048 m³ de agua, es decir, tres millones de litros.
En realidad, el consumo histórico de la vivienda era de entre 60 y 80 m³ mensuales. Por ese motivo, Maciel inició una actuación por “incongruencia de consumo” y falta de respaldo en el reclamo de la empresa.
Ante la falta de respuesta de Aysa, la Defensoría del Pueblo decidió elevar el caso al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Finalmente, la resolución fue favorable para los usuarios, poniendo fin a una deuda que nunca debió existir.
