El Gobierno nacional enfrenta nuevas dificultades para avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza no consiguió cerrar un acuerdo con los bloques aliados y la firma del dictamen de mayoría quedó postergada, en medio de diferencias sobre la distribución de recursos y las modificaciones que distintos sectores reclaman incorporar al proyecto.
Las conversaciones mantenidas con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y Argentina Federal no alcanzaron para resolver los principales puntos de conflicto. El oficialismo analiza ahora trasladar la firma del dictamen al 11 o al 17 de noviembre, con la posibilidad de llevar la iniciativa al recinto el 18 o el 25 de ese mes, dependiendo del avance de las negociaciones.
Entre los reclamos presentados por los bloques dialoguistas aparecen la reducción del impuesto a los combustibles y una rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los huevos y sus derivados, que pasaría del 21% al 10,5%. También solicitan establecer mecanismos que garanticen los plazos de ejecución y las condiciones tarifarias de las obras públicas en rutas nacionales, además de mantener la actualización de las asignaciones sociales.
El PRO incorporó a la discusión los fondos de coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires. Desde el oficialismo consideran que ese punto podría resolverse mediante conversaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sin necesidad de incorporar una modificación específica al texto presupuestario.
Universidades y discapacidad, otros puntos de negociación
El financiamiento de las universidades nacionales constituye otra de las diferencias que impiden cerrar el acuerdo. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla $7,3 billones para el sistema universitario, mientras que los rectores reclaman elevar la asignación a $11 billones, una diferencia de $3,7 billones que permanece sin resolver.
La discusión también alcanza a las políticas destinadas a personas con discapacidad. Según lo informado durante las negociaciones, el oficialismo y sus aliados acordaron retirar cuatro artículos del proyecto vinculados con esa área y analizarán si corresponde reforzar las partidas para atender las obligaciones derivadas de una iniciativa que ya obtuvo aprobación en Diputados y continúa pendiente de tratamiento en el Senado.
Estas diferencias condicionan la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza, que cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores presentes para alcanzar el quórum. El oficialismo busca sumar el acompañamiento de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, espacios que podrían aportar en conjunto 22 votos, además de nueve representantes de Argentina Federal y dos de Producción y Trabajo.
A esos respaldos se agregarían aproximadamente diez diputados de Provincias Unidas, con los que el Gobierno podría reunir una base cercana a 138 legisladores. Sin embargo, esa proyección depende de acuerdos que todavía no están garantizados y de la posición que adopte cada bloque cuando se defina el texto que llegará al recinto.
Qué prevé el Presupuesto para la economía en 2027
Mientras continúan las conversaciones políticas, el proyecto establece gastos consolidados por $216 billones y recursos estimados en $219,3 billones para el próximo año. Según las proyecciones del Poder Ejecutivo, esas cifras representan aumentos nominales del 25,3% y del 26,2%, respectivamente, frente a las bases de comparación utilizadas para elaborar el presupuesto.
El escenario macroeconómico contempla una inflación del 21,3% durante 2027 y un tipo de cambio de $1.847 por dólar para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728. También proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% y una expansión del consumo público del 0,6%, estimaciones que dependerán de la evolución de la actividad económica y de las principales variables financieras.
En cuanto a la distribución de recursos, el proyecto prevé $150,9 billones para servicios sociales y aproximadamente $18,6 billones para servicios de la deuda pública. Estas asignaciones forman parte del esquema de gastos presentado por el Gobierno y se encuentran sujetas a las modificaciones que puedan surgir durante el tratamiento legislativo.
Jubilaciones y asignaciones sociales
Las prestaciones previsionales concentran una de las partidas más importantes del proyecto, con $102 billones previstos para 2027. De ese total, $3,9 billones corresponden al pago de bonos, mientras que los $98,1 billones restantes se destinan a los haberes regulares de jubilados, pensionados y retirados.
La propuesta oficial contempla mantener el bono de $70.000 para jubilados sin incrementos nominales durante el próximo año. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los recursos destinados a los haberes regulares registrarían un aumento real interanual del 5,7% respecto de la proyección de cierre de 2026.
El documento también estima una reducción en la cantidad de titulares de prestaciones previsionales, que pasarían de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027. La diferencia representa aproximadamente 79.000 beneficiarios menos, de acuerdo con las previsiones incluidas en el proyecto.
Por otra parte, el gasto en asignaciones familiares alcanzaría los $14,4 billones, con un incremento real proyectado del 2,5%. La cantidad promedio mensual de asignaciones familiares por hijo pasaría de 4,33 millones a 4,35 millones, mientras que las transferencias destinadas a otros programas sociales sumarían $9,1 billones, con un aumento real estimado del 37,1% respecto del cierre previsto para 2026.
