A un año del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, la causa judicial continúa abierta sin detenidos y con seis imputados, mientras se esperan los resultados de pericias técnicas que podrían ser determinantes para definir responsabilidades. La torre, de diez pisos y construida en 1986, colapsó por completo a las 00:25 del 29 de octubre de 2024, dejando como saldo nueve personas fallecidas.
La investigación, caratulada como estrago culposo calificado, se centra en las obras estructurales que se realizaban en el edificio al momento del siniestro. El inmueble había sido adquirido solo seis meses antes por la empresa Parada Liniers S.A., propiedad de Antonio Arcos Cortés, que inició trabajos de modernización, entre ellos la instalación de un ascensor. Según la abogada querellante, Graciela Bravo, estas intervenciones habrían comprometido la estructura del edificio. “El colapso fue consecuencia directa de trabajos negligentes e irregulares vinculados a la instalación de nuevos ascensores”, señaló, al advertir que no contaban con un permiso de obra vigente y que incluso se había desobedecido una orden municipal de paralización.
Desde la defensa del propietario, el abogado Alejandro Baldini negó cualquier incidencia de la obra en la caída del edificio. Aseguró que el ascensor fue “la única parte que quedó en pie” y sostuvo que el hotel “se desplomó sobre sus bases por factores previos”. También afirmó que los compradores confiaron en que el inmueble estaba correctamente habilitado por las autoridades locales.
Hay seis personas imputadas, todas en libertad: dos capataces, dos albañiles, el arquitecto responsable y el contratista general de la obra. En paralelo, un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) detectó irregularidades en el hormigón original, entre ellas el uso de arena de mar, lo que abrió una nueva línea pericial. La etapa de instrucción ya acumula tres prórrogas y podría extenderse hasta 2026.
Mientras se desarrolla la acción civil por daños y perjuicios, las familias de las víctimas esperan que las pericias en curso aporten claridad. “A pesar del dolor y la ausencia, mantienen viva la memoria y la exigencia de justicia”, expresó Bravo, quien destacó la enterza de los allegados a las nueve personas fallecidas, símbolo de una comunidad que aún busca respuestas y que reclama que una tragedia evitable no vuelva a repetirse.
