Javier Milei tiene previsto firmar este jueves el envío del paquete de reformas al Congreso, apenas horas después de regresar de su visita oficial a Oslo. El Gobierno quiere que las iniciativas ingresen a Diputados y Senado durante la mañana y que su discusión comience de inmediato en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre.
Según adelantaron fuentes oficiales, el Ejecutivo pretende abrir ese mismo día el debate del Presupuesto 2026, junto con el proyecto que busca habilitar el uso de dólares no declarados y la esperada reforma laboral. Esta última sigue siendo la pieza más sensible del conjunto: aún resta cerrar la versión definitiva y continúan las negociaciones internas y las conversaciones con la conducción de la CGT para evitar choques políticos durante el tratamiento parlamentario.
En la Casa Rosada insisten en que la propuesta para modificar las reglas del mercado de trabajo no recorta atribuciones sindicales, y aseguran que el eje está puesto en promover la creación de empleo privado. De hecho, descartan incluir cambios que afecten la recaudación gremial y mantienen abierto un canal de diálogo para impedir que la discusión derive en medidas de fuerza. La meta del oficialismo es conseguir media sanción en el Senado antes de fin de año, para que el proyecto pueda continuar su curso en Diputados desde la segunda quincena de enero.
La negociación en la Cámara Alta quedó en manos de Patricia Bullrich, quien busca encabezar transitoriamente la comisión de Trabajo y Previsión Social mientras se trate la iniciativa. En paralelo, el texto que circula incorpora la prioridad de los convenios por empresa por encima de los acuerdos por actividad, con la condición de que solo puedan ser rubricados por sindicatos con personería. Todavía queda por definir la redacción sobre la vigencia de los convenios colectivos y la posibilidad de sancionar bloqueos o tomas de establecimientos.
Además del capítulo laboral, el temario de extraordinarias sumará la reforma del Código Penal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y modificaciones a la Ley de Glaciares y del ambiente periglacial, con la intención de ampliar criterios ambientales y habilitar nuevas mesas técnicas con las provincias.
