El gobierno neuquino completó durante la última semana la segunda tanda de narcotests obligatorios a funcionarios del Poder Ejecutivo. Los nuevos exámenes toxicológicos alcanzaron en esta instancia a dos ministros provinciales, aunque el parte oficial difundido este martes 14 de julio no precisó sus identidades ni informó la cantidad total de personas testeadas.
Los controles forman parte de la aplicación de la Ley 3531 y fueron impulsados por el gobernador Rolando Figueroa. El sistema establece exámenes toxicológicos periódicos para funcionarios y autoridades alcanzadas por la normativa, con el objetivo de supervisar las condiciones en las que ejercen cargos de conducción dentro del Estado provincial.
La segunda ronda se concretó después del inicio formal de los controles en junio. Los funcionarios seleccionados mediante sorteos aleatorios reciben una notificación y cuentan con un plazo de 24 horas para presentarse a realizar la toma de muestras, un mecanismo previsto para preservar el carácter sorpresivo de los exámenes.
El esquema se desarrolla con una periodicidad trimestral. El Instituto Provincial de Juegos de Azar administra los sorteos automáticos y selecciona en cada período al 12,5% del universo de funcionarios alcanzados, de acuerdo con la reglamentación establecida mediante el Decreto 234/2026.
Los análisis se realizan a partir de muestras de orina y buscan detectar metabolitos asociados al consumo reciente de cocaína, derivados del cannabis, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas. También se controlan benzodiacepinas y barbitúricos cuando no existe una prescripción médica que justifique su utilización.
La normativa alcanza, entre otros cargos, a ministros, secretarios y directores de organismos autárquicos. El Gobierno provincial destacó que la inclusión de dos ministros en esta segunda tanda responde al sistema aleatorio y a la aplicación de los controles sin distinción de jerarquías.
Qué ocurre si un funcionario da positivo
Ante un resultado positivo confirmado, el funcionario debe cesar en su designación política o jerárquica. Si pertenece a la planta de la administración pública, retorna a su categoría para recibir la asistencia sanitaria correspondiente en condición de paciente.
El procedimiento contempla además la trazabilidad mediante la Historia Clínica Digital Única y protocolos de confidencialidad. La información puede ser consultada únicamente por la persona examinada y por el personal médico autorizado.
Los funcionarios tienen derecho a solicitar una contraprueba en un laboratorio independiente dentro de las 24 horas posteriores a la notificación del resultado. También pueden contar con asistencia de peritos de parte y la normativa exige preservar la cadena de custodia de las muestras.
La reglamentación establece además que la negativa injustificada a realizar el examen o la falta de presentación dentro del plazo de 24 horas se considera automáticamente como un resultado positivo. El costo del análisis es descontado directamente de los haberes del funcionario evaluado.
Neuquén había iniciado formalmente los narcotests obligatorios en junio de este año, después de que durante 2025 el propio Rolando Figueroa y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia se sometieran voluntariamente a controles toxicológicos. Con la Ley 3531 reglamentada, los exámenes pasaron a formar parte de un sistema obligatorio y periódico para las autoridades alcanzadas.
El Poder Ejecutivo continuará con nuevas tandas trimestrales de controles hasta completar el universo de funcionarios previsto por la legislación provincial. La segunda etapa concluyó durante la última semana y, por el momento, el Gobierno neuquino no informó públicamente resultados positivos derivados de esta ronda de exámenes.
