A casi dos décadas del crimen de Nora Dalmasso, el expediente vuelve a sacudir al sistema judicial cordobés. Los tres fiscales que encabezaron las primeras etapas de la investigación enfrentarán un juicio político por presunto mal desempeño y negligencia grave, en una decisión unánime del jurado encargado de evaluar la denuncia impulsada por la familia de la víctima.

Los funcionarios involucrados son Javier Di Santo (2007–2015), Daniel Miralles (2016–2017) y Luis Pizarro (2017–2019), responsables de una causa marcada por giros, dilaciones y líneas de investigación que nunca prosperaron. Con la resolución formalizada, el fiscal general Juan Manuel Delgado dispone ahora de 30 días para presentar la acusación.

La decisión representa un hito institucional: es el primer jury múltiple en la historia judicial de Córdoba, habilitado por la Ley 7956, que permite un proceso conjunto cuando los hechos denunciados están vinculados entre sí.

La familia de Nora celebró el avance. Mariangeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, aseguró que es “un paso más hacia la justicia”, mientras que el viudo, Marcelo Macarrón, destacó que se trata de “una batalla ganada”, aunque reconoce que aún queda mucho por resolver.

La denuncia presentada por los allegados de Nora señala múltiples irregularidades cometidas durante los primeros años de investigación. Entre ellas, la no incorporación de un informe elaborado por el exagente del FBI Stephen Walker y Mariana Azar, que en 2007 apuntaba al obrero Roberto Bárzola como sospechoso. Aunque el reporte llegó al entonces fiscal general Darío Vezzaro, nunca fue incluido en el expediente. Años después, Vezzaro confirmó públicamente haberlo recibido y reconoció que coincidía con las líneas de la investigación actual, además de admitir que Di Santo estaba al tanto del documento.

En 2011 se anexó otro informe del FBI, con conclusiones similares, pero tampoco se profundizó en esa pista. Recién en 2023 y 2024 se realizaron los análisis que detectaron un resultado positivo que involucraba a Bárzola, quien había trabajado en la casa de los Dalmasso y admitió haber estado allí el mismo día del crimen, aunque sin ingresar, según su versión.

La causa también registró largos períodos de inactividad. Entre 2012 y 2015 prácticamente no hubo movimientos, lo que derivó en la posterior destitución de Di Santo. Para la familia, los fiscales que lo sucedieron tampoco avanzaron en las investigaciones necesarias, pese a que —afirman— “solo tenían que seguir la sugerencia del FBI”.

En octubre pasado, la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba sobreseyó a Bárzola por prescripción, lo que profundizó el malestar de los Macarrón. A su entender, dos décadas de errores, omisiones y decisiones tardías terminaron por consagrar la impunidad.

Ahora, esperan que el avance del jury permita establecer responsabilidades institucionales por una investigación que, tras 19 años, continúa sin ofrecer justicia por la muerte de Nora Dalmasso.