La reforma laboral entra en su semana más caliente y el oficialismo enfrenta un escenario lleno de minas políticas que podrían complicar su aprobación en Diputados. Tras obtener media sanción en el Senado, el Gobierno busca acelerar el trámite: convocó para el miércoles un plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda con la intención de firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto al día siguiente.
Pero detrás del apuro oficial se esconde una discusión cargada de tensión. Hay artículos que encendieron alarmas en la oposición, en los sindicatos y hasta dentro de los bloques aliados.
Uno de los puntos más sensibles es el cambio en el sistema de licencias médicas. El texto que llegó desde el Senado propone reemplazar el esquema actual —que garantiza el 100% del salario durante la licencia por enfermedad o accidente no laboral— por un mecanismo escalonado que reduce el ingreso del trabajador durante su recuperación.
El artículo 44 establece que, si el empleador considera que la incapacidad se originó en una actividad voluntaria y riesgosa, como un deporte, el trabajador podría cobrar apenas el 50% de su sueldo. Incluso en casos de enfermedades o accidentes imprevistos, el pago bajaría al 75%, lo que implica un recorte respecto del régimen vigente. Además, el nuevo sistema fija plazos de tres o seis meses según la antigüedad y si el empleado tiene familiares a cargo, e incorpora mayores exigencias en certificados médicos y controles, incluyendo la posibilidad de juntas médicas.
Para el oficialismo, el objetivo es reducir el ausentismo y aliviar costos empresariales. Para los gremios y especialistas, se trata de una poda directa a derechos adquiridos. Este será uno de los ejes más ásperos del debate.
Otro frente de conflicto es el intento de habilitar nuevamente el pago de salarios a través de billeteras virtuales y bancos digitales. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, anticipó que insistirán en reincorporar esa opción, que fue eliminada en el Senado tras cuestionamientos de las cámaras bancarias ABA y ABAPPRA por posibles riesgos jurídicos y sistémicos.
La propuesta busca permitir que los sueldos se acrediten en Proveedores de Servicios de Pago regulados por el Banco Central. Sin embargo, el tema expone diferencias incluso dentro del interbloque Fuerza del Cambio, donde algunos diputados acompañan el reclamo y otros mantienen reparos.
La discusión también alcanza el capítulo de indemnizaciones. Desde el bloque Provincias Unidas impulsan cambios sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar despidos. La alternativa en estudio plantea que el fondo se integre con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: un 1% aportado por grandes empresas y un 2,5% por pymes.
En paralelo, legisladores de provincias productivas como Córdoba y Santa Fe trabajan en la incorporación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a empresas —nacionales o extranjeras— sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.
Mientras especialistas, representantes de la CGT, la CTA y cámaras empresariales expondrán el miércoles en comisión, el clima político ya anticipa una sesión cargada de tensión. El oficialismo quiere votar rápido. La oposición busca cambios. Y en el medio, una reforma que promete reconfigurar el mapa laboral argentino enfrenta su prueba más difícil en Diputados.
