La decisión del Gobierno nacional de impulsar la derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera (Ley N.º 25.542) volvió a poner en el centro del debate el funcionamiento del mercado del libro en la Argentina. La iniciativa, enviada al Senado, despertó la reacción de la Fundación El Libro, que manifestó su rechazo y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría generar para librerías, editoriales y autores.
La discusión trasciende el ámbito editorial. En el fondo, enfrenta dos miradas sobre cómo debe organizarse la comercialización de los libros: una que promueve una mayor desregulación del mercado y otra que sostiene que el libro requiere un tratamiento diferencial por su valor cultural.
¿Qué establece la ley vigente?
Sancionada en 2001 y en vigor desde 2002, la Ley de Protección a la Actividad Librera establece un sistema de Precio Uniforme de Venta al Público (PVP) para los libros comercializados en el país. Esto significa que cada editor, importador o representante fija un precio único para cada título, que debe ser respetado por todos los puntos de venta, salvo las excepciones previstas por la propia normativa. La ley también regula los descuentos permitidos y establece mecanismos de fiscalización y sanción para garantizar su cumplimiento.
El objetivo de este esquema, según la norma, es evitar diferencias de precios que puedan generar condiciones desiguales entre los distintos actores de la cadena comercial del libro.
La posición del Gobierno
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo forma parte de una política más amplia de desregulación económica. En esa línea, el Gobierno propone eliminar aquellas regulaciones que considera limitantes para la libre competencia y el funcionamiento del mercado.
Aunque el texto del proyecto plantea la derogación de la Ley 25.542, la iniciativa aún deberá ser debatida por el Congreso antes de convertirse en ley.
La preocupación del sector editorial
Frente a ese escenario, el Consejo de Administración de la Fundación El Libro expresó su «profunda preocupación» y rechazó públicamente la iniciativa: «Ante los recientes anuncios de público conocimiento, el Consejo de Administración de la Fundación El Libro expresa su más profunda preocupación y su firme rechazo al proyecto de derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera (Ley N.º 25.542)».
En un comunicado, la entidad sostuvo que la Ley de Protección a la Actividad Librera constituye una herramienta fundamental para garantizar la diversidad bibliográfica, promover condiciones equitativas de competencia y favorecer la permanencia de las librerías independientes en todo el territorio nacional.
Esta normativa no constituye un simple mecanismo comercial: es la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón de nuestro territorio. Se trata, además, de una ley que cuenta con el consenso unánime de todo el sector del libro -editores, libreros, distribuidores, autores y gráficos-, que durante más de dos décadas la ha sostenido y defendido como pilar de la actividad.
Consejo de Administración
Fundación El Libro
Además, señaló que la norma cuenta con el respaldo histórico de los distintos integrantes de la cadena del libro -editores, libreros, distribuidores, autores y trabajadores gráficos-, quienes durante más de dos décadas la consideraron un pilar para el desarrollo de la actividad.
Mucho más que comercios
Para la Fundación El Libro, las librerías representan un patrimonio cultural que excede su función comercial.
En su declaración, sostiene que estos espacios cumplen un papel esencial como lugares de encuentro, promoción de la lectura y circulación de ideas. Desde esa perspectiva, advierte que una eventual desregulación del precio del libro podría favorecer la concentración del mercado en grandes operadores y debilitar a librerías independientes, pequeñas editoriales y autores emergentes.
Por ese motivo, el Consejo de Administración anunció que permanecerá en estado de alerta y convocó al conjunto del ecosistema editorial y a los lectores a defender la continuidad de la norma.
Un debate que recién comienza
Más allá de las posiciones enfrentadas, el proyecto abre una discusión sobre el modelo de circulación del libro en la Argentina.
Mientras el Gobierno sostiene una estrategia orientada a reducir regulaciones económicas, parte del sector editorial considera que el libro constituye un bien cultural con características particulares y que requiere mecanismos específicos para garantizar la diversidad de la oferta y la supervivencia de las librerías independientes.
Será ahora el Congreso el ámbito donde ese debate deberá encontrar una definición.
