La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo para el jueves 18 de diciembre en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y enviado al Congreso por el presidente Javier Milei. La decisión fue tomada por la conducción de la central obrera —encabezada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello— durante una reunión de la mesa chica, donde el tema dominó el análisis político, social y económico de la coyuntura.
La dirigencia sindical cuestionó con fuerza el contenido del proyecto, a pesar de que no introduce modificaciones de fondo en el funcionamiento de los gremios ni en sus fuentes de financiamiento, como la cuota solidaria. Según expresaron, el jefe de Gabinete Manuel Adorni omitió en su reciente conferencia de prensa aspectos centrales del informe del Consejo de Mayo, que supera las 400 páginas. “Ese documento incluye expresiones que constituyen agresiones hacia los trabajadores”, afirmaron.
Los gremialistas señalaron que el informe utiliza términos como “trabas” o “aprovechamientos sindicales” e incluso ironías sobre la actividad laboral, sin mencionar que la CGT dejó explicitado su rechazo en la página 288, donde figura la postura presentada por Gerardo Martínez. Además, alertaron sobre la similitud entre el planteo de la Unión Industrial Argentina y el proyecto oficial.
Uno de los artículos que despertó mayor preocupación establece que los empleadores podrán actuar como agentes de retención de las cuotas sindicales solo si hay conformidad del trabajador y una resolución de la Secretaría de Trabajo. También se indica que cualquiera de las partes puede anular ese acuerdo con un aviso fehaciente con 30 días de anticipación.
Desde la central obrera remarcaron que la Argentina atraviesa un proceso de empobrecimiento acelerado, con falta de inversión, caída productiva y un “industricidio” que, según sus cálculos, ya provocó el cierre de más de 18.000 pymes y la pérdida de 300.000 empleos formales, lo que se traduce en 400 trabajadores por día quedando fuera del mercado laboral.
La CGT también denunció que el Gobierno avanzó sin abrir una instancia de negociación previa, dejando afuera a los sectores que —a su entender— debieron participar en la elaboración del proyecto: los trabajadores y los empleadores productivos. Por eso anunció un rechazo total a la iniciativa y anticipó que desplegará una estrategia política y judicial para impedir su aprobación.
Los dirigentes aseguraron que varios artículos resultan “claramente inconstitucionales” por contrariar principios básicos del derecho laboral y afectar derechos adquiridos de actividades como periodistas, viajantes, choferes particulares y enfermería. “Vamos a explicar a cada legislador y a cada gobernador por qué esta ley no puede aprobarse”, advirtieron.
