Con la reforma laboral a punto de llegar al recinto del Senado, la CGT convocó para el miércoles a su mesa chica con el objetivo de definir los pasos a seguir frente a un escenario que consideran adverso. La sesión decisiva será el viernes, y en la central sindical descuentan que el proyecto podría obtener los votos necesarios.
El encuentro, aún con detalles logísticos por confirmar, se dará en medio de una agenda parlamentaria cargada y con el oficialismo decidido a avanzar. En la conducción cegetista asumen que el margen para frenar la iniciativa en el Congreso es acotado, por lo que el debate interno gira en torno a cómo responder si la ley se aprueba.
La línea predominante descarta, por ahora, una nueva medida de fuerza. Dirigentes de la central sostienen que “no hay contexto” para lanzar un paro general o acciones directas de alto impacto. En cambio, la estrategia combinará presión política y judicialización.
Por un lado, buscarán señalar públicamente a los senadores que voten a favor, con la intención de que asuman el costo político ante el electorado y el movimiento obrero. Por otro, anticipan que recurrirán a la Justicia para cuestionar los artículos que consideran inconstitucionales, en particular aquellos vinculados a posibles restricciones al derecho de huelga.
Desde la conducción admiten que seguirán atentos al clima social y a eventuales expresiones de malestar en la calle, aunque remarcan que no prevén “gastar recursos en medidas de acción directa” en lo inmediato. El foco estará puesto en el plano institucional.
La reunión del miércoles servirá para ordenar el discurso y definir un posicionamiento unificado frente a una reforma que reabre tensiones históricas entre el sindicalismo y el Gobierno. Con el Senado como escenario central y la votación del viernes en el horizonte, la CGT se prepara para una nueva etapa del conflicto, más jurídica y política que callejera.
