La jornada frente al Congreso de la Nación estuvo marcada por fuertes enfrentamientos mientras en el recinto se debatía la reforma laboral. En ese contexto, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó repercusión política: “Del otro lado tenemos esto”.
El mandatario acompañó la frase con imágenes y videos de los disturbios registrados en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Durante la tarde y noche, manifestantes y fuerzas federales protagonizaron momentos de tensión, con corridas, uso de gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes. El operativo se desplegó bajo el protocolo antipiquete, con el objetivo —según el Gobierno— de garantizar el funcionamiento del Congreso y el acceso de los legisladores al recinto.
El saldo fue de al menos diez personas heridas y varias detenciones, de acuerdo con reportes difundidos en medios nacionales. Las imágenes de los incidentes circularon con rapidez en redes sociales y canales de noticias, profundizando el clima de polarización que rodea el tratamiento de la reforma.
El mensaje presidencial fue interpretado como una ratificación de la política de “tolerancia cero” frente a cortes de calle y protestas que impidan el normal desarrollo institucional. Funcionarios del Ejecutivo y referentes oficialistas respaldaron el accionar de las fuerzas de seguridad y remarcaron la necesidad de preservar el orden público.
Por su parte, el ministro Manuel Adorni, no tardó en acompañar con otro tuit, remarcando el mensaje del Presidente.
Desde el Ministerio de Seguridad defendieron la aplicación del protocolo y señalaron que no se permitirá que “grupos violentos” condicionen el debate democrático. En paralelo, el mensaje de Milei fue replicado por dirigentes libertarios que subrayaron la importancia de sostener la “paz social”.
Del otro lado, centrales sindicales como la CGT denunciaron represión y defendieron el derecho a manifestarse frente a lo que consideran un avance sobre derechos laborales. Legisladores de la oposición, entre ellos referentes del peronismo y la izquierda, cuestionaron el operativo y reclamaron que se investiguen posibles excesos en el uso de la fuerza. También organismos de derechos humanos pidieron la intervención judicial para determinar responsabilidades.
La publicación del Presidente volvió a poner en el centro del debate la discusión sobre los límites de la protesta social y el rol del Estado frente a movilizaciones masivas, en un contexto político atravesado por la reforma laboral y una fuerte confrontación discursiva.
