El diputado provincial de Misiones Héctor “Cacho” Bárbaro, referente del Partido Agrario y Social (PAyS), presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra Marcelo Horacio Reinoso, coordinador de Tabaco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por presuntas irregularidades en la gestión de programas financiados mediante el Fondo Especial del Tabaco (FET).
La presentación, radicada ante la Fiscalía Federal de Oberá, solicita investigar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y omisión de actos de oficio, entre otras figuras que pudieran surgir durante la investigación.
Según la denuncia, existen 30 subcomponentes de programas destinados a Misiones que permanecen pendientes de aprobación, por un monto total superior a los $97.268 millones. Se trata de iniciativas vinculadas con la producción tabacalera, la atención sanitaria y distintas necesidades de las familias rurales.
El legislador atribuye las demoras a presuntas deficiencias en la tramitación, evaluación y elevación de los Programas Operativos Anuales (POA), el mecanismo mediante el cual se gestionan proyectos financiados con recursos del FET.
Proyectos pendientes y recursos para productores
De acuerdo con la documentación mencionada en la presentación judicial, de los 30 subcomponentes pendientes, 12 cuentan con expedientes administrativos abiertos, mientras que los otros 18 no tendrían un número de expediente asignado.
Los primeros representan aproximadamente $74.485 millones y los restantes suman $22.783 millones, según los montos informados por el denunciante.
Bárbaro sostiene que la falta de avance administrativo afecta iniciativas destinadas a prestaciones médicas, asistencia productiva, equipamiento, infraestructura y mantenimiento de caminos rurales.
Uno de los casos incluidos en la denuncia corresponde a un programa de prestaciones sanitarias que había recibido aprobación en febrero de 2025. Según el legislador, la propuesta correspondiente a 2026 continuaba sin autorización al finalizar octubre, pese a que contemplaba una actualización del 25% en su presupuesto.
El diputado advirtió que las demoras podrían comprometer la continuidad de servicios y proyectos destinados a productores y sus familias. No obstante, la presentación deberá ser examinada por la Justicia para determinar las responsabilidades administrativas y penales que pudieran corresponder.
Cuestionamientos a la distribución del Fondo Especial del Tabaco
La denuncia también incluye observaciones sobre los mecanismos de distribución de los recursos del FET entre las provincias productoras. Bárbaro cuestionó que no se hubiera convocado a la comisión encargada de determinar los coeficientes de distribución, cuyo plazo, según su presentación, venció el 30 de septiembre de 2026.
El legislador considera que esa situación genera incertidumbre respecto de los fondos que corresponden a las distintas jurisdicciones tabacaleras.
Otro aspecto señalado es el seguimiento de la recaudación del fondo, particularmente en relación con los aportes provenientes de las empresas fabricantes de cigarrillos y las controversias tributarias vinculadas con el impuesto mínimo.
En ese contexto, solicitó investigar si la Coordinación de Tabaco cumplió con las obligaciones de fiscalización y requerimiento de información a los organismos nacionales competentes.
Qué deberá investigar la Justicia Federal
Como parte de la denuncia, Bárbaro pidió que se requiera documentación a la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco de la Nación Argentina.
El objetivo es reconstruir el recorrido administrativo de los proyectos, establecer el estado de los expedientes y determinar qué ocurrió con los recursos destinados a los programas tabacaleros.
También propuso recibir testimonios de representantes de organizaciones del sector, entre ellas la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM), la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) y la Cámara del Tabaco de Misiones.
La presentación solicita la apertura de una investigación penal preparatoria y la producción de pruebas documentales, testimoniales y periciales. Por el momento, las irregularidades señaladas constituyen acusaciones formuladas por el denunciante. Será la Justicia Federal la encargada de establecer si existieron incumplimientos, quiénes podrían ser responsables y si las conductas denunciadas configuran delitos.
El planteo judicial incorpora así un nuevo frente de discusión sobre la administración del Fondo Especial del Tabaco, un instrumento de financiamiento relevante para la actividad productiva de Misiones y otras provincias tabacaleras.
