Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno dio marcha atrás con las modificaciones impulsadas en Vialidad Nacional, el INTA y otros organismos, así como su intento de limitar el derecho a huelga. Las medidas habían sido implementadas mediante cinco decretos delegados, frenados por Diputados y Senado a fines de agosto.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 627 y 628, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, restituye la vigencia de todas las normas previas derogadas o modificadas por los decretos 345/25, 351/25, 461/25, 462/25, 531/25, 571/25, 583/25, 584/25 y 585/25.
El Ejecutivo justificó la medida argumentando que busca garantizar la continuidad operativa de la Administración Pública y preservar principios de buena administración, juridicidad y simplificación administrativa.
Entre los decretos ahora dejados sin efecto se encuentran:
- Decreto 462/25: buscaba modificar funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del INTI, pasándolos a depender de Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente.
- Decreto 587: trasladaba al INTA a la órbita de la Secretaría de Agricultura, eliminando su Dirección Nacional.
- Decreto 461/25: disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
- Decreto 340: desregulaba el transporte marítimo y habilitaba buques y tripulaciones extranjeras en cabotaje, restringiendo el derecho a huelga en sectores estratégicos.
- Decreto 351/25: transformaba el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado bajo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
- Decreto 345/25: fusionaba el Instituto Nacional Yrigoyeano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
Con esta decisión, el Gobierno revierte los cambios y restablece la estructura y funciones de los organismos tal como estaban antes de los decretos delegados.
