El 9 de noviembre de 1997, tres jóvenes salieron a caminar por Cipolletti, Río Negro, y no regresaron a sus casas. La desaparición de Verónica Villar, de 22 años, María Emilia González, de 24, y su hermana Paula González, de 17, dio comienzo a uno de los casos policiales de mayor repercusión en la historia de la Patagonia.
Veintinueve años después, el triple crimen permanece en la memoria colectiva del Alto Valle. Las movilizaciones multitudinarias, las dificultades de la investigación y el reclamo de justicia de las familias marcaron un antes y un después en la ciudad.
Por los asesinatos fue condenado a prisión perpetua Claudio Kielmasz, quien tenía 23 años cuando ocurrieron los hechos y actualmente tiene 52. Es el único condenado por el triple crimen y continúa privado de su libertad.
Según la información difundida en el aniversario del caso, Kielmasz fue trasladado meses atrás a la Unidad Penal 5 de General Roca, después de haber pasado por distintos establecimientos penitenciarios del país.
Su situación judicial sigue vinculada con las evaluaciones sobre el riesgo que podría representar una eventual liberación.
La investigación y el arma que vinculó a Kielmasz con el crimen
Verónica Villar estudiaba Agronomía en Cinco Saltos. María Emilia González estaba finalizando el profesorado de Enseñanza Inicial y era madre de una niña de dos años. Su hermana Paula cursaba el último año de la escuela secundaria.
La ausencia de las tres jóvenes movilizó rápidamente a sus familias, que comenzaron a buscar información y acudieron a los medios de comunicación para solicitar ayuda.
Los cuerpos fueron encontrados dos días después, en un sector cercano a las vías ferroviarias. La noticia provocó una conmoción que se extendió por toda la región.
La investigación atravesó distintas etapas y estuvo acompañada por importantes cuestionamientos a la actuación policial. En un primer momento fueron señalados trabajadores de hornos de ladrillos, pero esa línea de investigación no prosperó.
Mientras tanto, miles de personas participaron de marchas de silencio para reclamar el esclarecimiento de los asesinatos.
En ese contexto apareció Claudio Kielmasz, quien inicialmente se presentó como alguien que podía aportar información sobre el arma utilizada.
El joven se acercó a la familia González y solicitó una recompensa de 2.000 pesos para indicar dónde se encontraba la pistola. En aquel momento, durante la convertibilidad, esa suma equivalía a 2.000 dólares.
Posteriormente condujo a los investigadores hasta un canal de desagüe, donde fue encontrada una pistola Bersa calibre 22, envuelta en bolsas de nylon y con su numeración parcialmente borrada.
Las pericias permitieron recuperar algunos de los dígitos del arma, que fue vinculada con Prosperina Duarte, madre de Kielmasz.
Ese hallazgo se convirtió en una prueba central de la investigación que terminó con su condena a prisión perpetua en 2001.
Durante el proceso judicial, Kielmasz sostuvo que no había participado de los asesinatos y afirmó que los verdaderos responsables permanecían en libertad.
Qué se sabe de su situación actual
Desde su detención, Kielmasz pasó por diferentes unidades penitenciarias, entre ellas establecimientos de Santa Rosa, Río Gallegos, Viedma y Senillosa.
De acuerdo con la información difundida recientemente, se encuentra alojado en la Unidad Penal 5 de General Roca. A lo largo de los años solicitó recuperar su libertad, pero las evaluaciones psiquiátricas incorporadas a su situación penitenciaria identificaron factores de riesgo persistentes.
En 2023, el Cuerpo Médico Forense y el psiquiatra Daniel Ambroggio, quien intervino como perito de los querellantes, coincidieron en señalar la continuidad de características de personalidad que ya habían sido registradas en estudios anteriores.
Según los informes citados en la cobertura del aniversario, los profesionales consideraron que Kielmasz continuaba representando un riesgo para la sociedad.
Estas conclusiones corresponden a evaluaciones periciales realizadas en el ámbito judicial y no constituyen, por sí solas, una decisión sobre su eventual liberación.
A 29 años de los asesinatos, el triple crimen de Cipolletti continúa siendo una referencia ineludible para comprender la historia reciente del Alto Valle.
El recuerdo de Verónica Villar, María Emilia González y Paula González, junto con las movilizaciones que siguieron a sus muertes, permanece asociado al reclamo de justicia que atravesó a toda una comunidad.
