El Gobierno nacional prepara un cambio en su estrategia legislativa sobre la venta de tierras a extranjeros. Después de impulsar la eliminación de las restricciones mediante el DNU 70/2023, el oficialismo ahora negocia restablecer algunos límites a través de una nueva ley.
La discusión comenzará el próximo miércoles 14 de octubre, cuando se reúna un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Según informó Infobae, los representantes de La Libertad Avanza acordaron con bloques aliados incorporar un capítulo específico sobre la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras.
La decisión se produce en medio de una negociación parlamentaria que busca evitar la derogación completa del DNU 70/2023, una iniciativa que sectores de la oposición pretenden tratar en una sesión especial convocada para el jueves 15.
El decreto impulsado por el presidente Javier Milei introdujo modificaciones en numerosos sectores de la economía y contempló la derogación de la Ley de Tierras, que establecía restricciones a la titularidad extranjera de superficies rurales.
El límite del 15%, entre las alternativas
Uno de los puntos que se analiza es recuperar el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, tomando como referencia las restricciones previstas en la legislación anterior.
De acuerdo con las fuentes parlamentarias citadas por Infobae, esa alternativa aparece como una de las más probables dentro de las negociaciones.
Sin embargo, el contenido definitivo del capítulo todavía no está acordado, por lo que resta conocer qué restricciones se incorporarán y cómo quedarán redactadas.
La cuestión tiene especial importancia para las provincias con grandes extensiones rurales y áreas de interés productivo, turístico o ambiental, entre ellas las de la Patagonia.
La normativa anterior establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales tanto a escala nacional como en las provincias y sus subdivisiones territoriales.
Su derogación mediante el DNU 70/2023 abrió un debate sobre el alcance de las restricciones y las facultades del Estado para regular estas operaciones. Ahora, el Congreso podría volver a discutir esos límites dentro de una iniciativa más amplia sobre la protección de la propiedad privada.
La negociación para evitar la derogación del DNU
La convocatoria del miércoles 14 tiene una particularidad política: se realizará un día antes de la sesión especial solicitada por la oposición para avanzar sobre el DNU 70/2023.
El oficialismo busca ofrecer una alternativa legislativa a los bloques que rechazan la eliminación de los límites a la compra de tierras, pero que tampoco están dispuestos a derogar la totalidad del decreto.
Esa posición fue planteada por representantes del PRO y el MID durante las conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El DNU 70/2023 no se limita a la cuestión territorial. También introdujo cambios en el mercado inmobiliario, el transporte, el comercio, el sistema de salud y otras actividades económicas.
Por ese motivo, una eventual derogación completa tendría efectos que excederían ampliamente la discusión sobre las tierras rurales.
La estrategia del oficialismo consiste en separar el debate sobre la propiedad extranjera del resto de las reformas, con la intención de conservar el respaldo de sus aliados y reducir las posibilidades de que prospere la iniciativa opositora.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ofrece una vía para incorporar esa modificación. Durante su tratamiento en el Senado, el capítulo referido a las tierras había sido retirado del dictamen, lo que ahora permitiría volver a discutirlo en Diputados.
La reunión del próximo miércoles será el primer paso para determinar si existe un acuerdo parlamentario sobre las nuevas restricciones.
Por el momento, no hay una nueva ley aprobada ni un porcentaje definitivo establecido. La discusión se encuentra en la etapa de negociación entre los bloques, mientras continúa el debate político y judicial sobre el alcance del DNU 70/2023.
