El Gobierno nacional analiza volver a llevar al Congreso la discusión sobre el régimen de tierras rurales, después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737 mediante el DNU 70/2023.
La alternativa que evalúa el oficialismo consiste en reincorporar el capítulo referido a las tierras al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado y se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados. La posibilidad todavía se encuentra en una etapa de análisis y no fue formalizada como una decisión de la mesa política del Gobierno.
El escenario parlamentario se modificó a partir del fallo conocido esta semana. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737.
El máximo tribunal hizo lugar al recurso presentado por el Estado y rechazó la demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los jueces consideraron que la organización no contaba con legitimación suficiente para promover esa acción y que no se había configurado un caso o controversia concreta que habilitara la intervención judicial.
Hay un punto del fallo que resulta central para entender el nuevo escenario: la Corte no resolvió la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. La decisión se concentró en la legitimación de la entidad que había iniciado el reclamo y en la inexistencia de un caso judicial concreto. Por lo tanto, el pronunciamiento no constituye una declaración general sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley de Tierras.
Con la resolución del máximo tribunal, quedó nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737, denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, establecida por el DNU 70/2023. La norma sancionada en 2011 había establecido distintas restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellas un límite del 15% de la superficie rural a nivel nacional, provincial y departamental.
El Congreso vuelve a quedar en el centro de la discusión
El capítulo sobre tierras ya había formado parte de las discusiones alrededor del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, ante la falta de consenso parlamentario, el oficialismo terminó retirándolo antes del tratamiento en el Senado.
Ahora, con la derogación de la Ley 26.737 nuevamente vigente, el Gobierno analiza si puede reincorporar esa discusión en Diputados y utilizarla como parte de una negociación con bloques aliados. La estrategia todavía debe definirse y dependerá de las conversaciones que se desarrollen durante el tratamiento del proyecto.
La cuestión quedó además vinculada con el futuro del DNU 70/2023, que contiene más de 300 artículos y reúne una amplia serie de modificaciones y derogaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Sectores de la oposición comenzaron a plantear el rechazo del decreto en la Cámara de Diputados luego de conocerse el fallo de la Corte. El Senado ya había rechazado el DNU, pero para que un decreto de necesidad y urgencia quede definitivamente rechazado se requiere el pronunciamiento negativo de ambas cámaras del Congreso, de acuerdo con el mecanismo establecido para este tipo de normas.
De esta manera, la discusión sobre las tierras rurales quedó integrada a un debate legislativo más amplio. El oficialismo busca sostener la vigencia del esquema establecido por el DNU, mientras distintos bloques opositores plantean avanzar con su rechazo.
La situación también tiene un antecedente inmediato. Durante el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo había analizado distintas alternativas para modificar las restricciones sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Frente a la falta de respaldo suficiente, ese capítulo fue retirado.
Ahora, la posibilidad de volver a incluirlo abre una nueva instancia de negociación parlamentaria. El Gobierno deberá definir si retoma el capítulo de tierras, con qué alcance y qué modificaciones podrían introducirse durante su tratamiento en Diputados.
En paralelo, la discusión sobre el DNU 70/2023 continuará por otra vía. Si Diputados avanza con su tratamiento, el resultado dependerá de la composición de la Cámara y de los acuerdos que puedan alcanzar el oficialismo y los distintos bloques.
El fallo de la Corte, por lo tanto, no cerró la discusión sobre la Ley de Tierras. Dejó vigente su derogación mediante el DNU 70/2023, pero al mismo tiempo trasladó nuevamente buena parte del debate al ámbito político y legislativo, donde ahora se definirán las próximas decisiones sobre el régimen de propiedad de las tierras rurales y sobre el futuro del decreto.
