Una actividad de Educación Sexual Integral (ESI) en una escuela de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, permitió que una niña de 9 años pudiera contar una situación de abuso sexual ocurrida durante una consulta odontológica. El episodio, registrado en 2024, derivó en una investigación judicial que concluyó con una condena contra el profesional, ahora confirmada por unanimidad por el Tribunal de Impugnación.
La resolución ratificó la pena de un año de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para atender a personas menores de 18 años en todo el territorio argentino.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Andrés Repetto, Estefanía Sauli y Nazareno Eulogio, quienes rechazaron los cuestionamientos de la defensa y respaldaron la sentencia dictada por el juez Maximiliano Bagnat. Los magistrados consideraron que la prueba reunida durante el juicio permitió acreditar la responsabilidad penal del odontólogo por el delito de abuso sexual simple, cometido contra una paciente que había concurrido a su consultorio.
La decisión constituye una confirmación de la condena en segunda instancia, luego de que la defensa solicitara la absolución del profesional.
El abuso durante una consulta odontológica
Según los hechos acreditados durante el juicio, la niña había asistido a una consulta odontológica en 2024. Mientras su madre permanecía esperando fuera del consultorio, la paciente ingresó sola para recibir atención. Fue en esas circunstancias cuando el profesional realizó actos de contenido sexual sobre su cuerpo, aprovechando el ámbito de privacidad de la consulta.
La situación no fue denunciada inmediatamente. Tiempo después, la niña logró expresar lo ocurrido en el entorno escolar, lo que permitió activar los mecanismos de acompañamiento y protección.
Durante el proceso judicial, la defensa cuestionó la suficiencia de las pruebas y sostuvo que no existían elementos para establecer la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. También objetó la valoración del testimonio de la víctima y de las evaluaciones psicológicas incorporadas al expediente, por lo que solicitó que se revocara la condena.
El Tribunal de Impugnación rechazó esos argumentos al considerar que el juez de primera instancia había realizado una valoración integral de los elementos probatorios.
La importancia del testimonio y de la Educación Sexual Integral
Uno de los aspectos centrales de la resolución fue el reconocimiento de la importancia del relato de la niña y de los testimonios que permitieron corroborar las circunstancias posteriores al hecho. El juez Andrés Repetto destacó que la víctima “identificó con precisión al autor y el ámbito en el que ocurrió el episodio”, y señaló que su declaración fue evaluada junto con otros elementos incorporados durante el juicio.
El magistrado también explicó cómo debe analizarse la prueba en delitos que suelen producirse sin la presencia de testigos directos.
“La corroboración periférica no exige que otra persona haya observado la conducta atribuida, ni que cada elemento externo confirme por sí solo la totalidad de la acusación”, sostuvo Repetto en los fundamentos de la resolución.
Los jueces tuvieron en cuenta los testimonios de familiares, docentes y una compañera de escuela, quienes describieron cambios en el comportamiento de la niña después de la consulta. Entre las manifestaciones observadas se encontraban episodios de angustia, dificultades en su desempeño escolar y una marcada resistencia a regresar al consultorio odontológico.
La Educación Sexual Integral tuvo un papel decisivo en la detección del caso. Durante una jornada escolar vinculada con estos contenidos, la niña pudo contarle a una compañera lo que había sucedido. Esa primera revelación permitió que intervinieran los docentes, las autoridades educativas y posteriormente su familia, dando inicio al proceso que llegó a la Justicia.
Para los magistrados, el contexto escolar ofreció un espacio en el que la víctima pudo expresar una experiencia que hasta entonces no había logrado comunicar.
Una condena confirmada y una prohibición permanente
El tribunal también analizó las evaluaciones psicológicas practicadas a la niña. Los jueces aclararon que estos estudios no constituyen, por sí solos, una prueba autónoma de que los hechos ocurrieron, pero consideraron que aportaron información relevante sobre su estado emocional y la persistencia de su relato a lo largo del proceso judicial.
La valoración conjunta de esas pericias, las declaraciones testimoniales y los demás elementos reunidos permitió sostener la sentencia original.
Con la decisión unánime de los jueces Repetto, Sauli y Eulogio, quedó confirmada en segunda instancia la responsabilidad penal del odontólogo y la pena impuesta. La condena de prisión condicional implica que el profesional no deberá cumplir inicialmente la pena en una cárcel, siempre que respete las condiciones legales correspondientes.
La resolución también mantiene una de las medidas más relevantes del fallo: la inhabilitación perpetua para atender a pacientes menores de 18 años en cualquier lugar del país.
El caso pone de relieve la importancia de los espacios educativos para que niñas, niños y adolescentes puedan reconocer y comunicar situaciones de vulneración de sus derechos. En esta investigación, el testimonio de la víctima, acompañado por la intervención de la escuela y la evaluación judicial de las pruebas, resultó determinante para alcanzar una condena.

