La Justicia Federal procesó sin prisión preventiva a José Luis Espert por lavado de dinero, le prohibió salir del país y dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes. La resolución fue dictada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el expediente que investiga los US$200.000 que el exdiputado recibió en 2019 y que están vinculados al empresario Federico “Fred” Machado.
La medida también alcanza al contador de Espert, Mariano Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario, y a la empresa Varianza S.A. La investigación busca establecer el origen de los fondos y determinar si fueron ingresados al circuito económico mediante una operación destinada a darles apariencia de legalidad.
Según la hipótesis de la acusación, el dinero habría llegado a través de un contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala vinculada a Machado. Los investigadores sostienen que ese acuerdo habría sido simulado para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito.
La pesquisa también apunta al destino del dinero. De acuerdo con la acusación, parte de los fondos se habría utilizado para comprar vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda. Esos movimientos forman parte de las operaciones patrimoniales que analiza la Justicia.
El expediente se desarrolla en el marco de la relación que Espert mantuvo con Machado desde 2019. Según la investigación, el empresario también habría contribuido a las actividades de la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, además de facilitar la presentación de un libro y un vehículo blindado.
Machado se encuentra detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, a cambio de que se desestimara la acusación por narcotráfico, según la información publicada sobre el caso.
El procesamiento se conoció después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara los planteos de la defensa de Espert para anular distintas medidas de prueba. Entre sus cuestionamientos, los abogados habían objetado actuaciones realizadas después de la indagatoria, declaraciones testimoniales, informes patrimoniales y peritajes sobre teléfonos y otros dispositivos electrónicos.
Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones consideraron que las medidas cuestionadas se habían desarrollado conforme a la normativa aplicable y que no se advertían afectaciones a las garantías constitucionales. El tribunal también rechazó otro planteo de la defensa para apartar al fiscal de la causa.
Con la resolución de Mirabelli, la investigación avanza hacia una nueva etapa judicial, mientras se mantienen bajo análisis la transferencia de US$200.000, el contrato que habría justificado el pago y el destino de los fondos.
