La decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de revocar la condena contra Ernesto Cruz Cárdenas y Belén Salinas, integrantes de la comunidad mapuche Lof Paillako, volvió a poner en el centro del debate el conflicto por las tierras en la Patagonia. Ambos habían sido condenados por la ocupación de una fracción del Parque Nacional Los Alerces, pero ahora fueron sobreseídos por el delito de usurpación.
La causa se inició en 2020, cuando integrantes de la comunidad ocuparon la seccional de guardaparques El Maitenal y difundieron un reclamo territorial sobre esas tierras. En agosto de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había impuesto una pena de tres años de prisión en suspenso para Cruz Cárdenas y de un año y seis meses en suspenso para Salinas por la ocupación de terrenos pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales.
Al revisar el caso, la Cámara de Casación entendió que el conflicto debía analizarse a la luz de las normas constitucionales y de los tratados internacionales que reconocen la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos sobre los territorios que consideran ancestrales. Con ese criterio, dejó sin efecto la condena por usurpación y dictó el sobreseimiento de ambos imputados. No obstante, las acusaciones por agresiones a funcionarios de Parques Nacionales y daños a bienes públicos continúan vigentes y seguirán su curso judicial.
El fallo provocó preocupación en distintos sectores de la Patagonia. La organización Consenso Patagonia advirtió que la resolución podría convertirse en un antecedente para nuevos conflictos por ocupaciones de tierras públicas y privadas, especialmente en áreas protegidas. Además, recordó que se trata del segundo fallo reciente de características similares dictado por la Cámara de Casación, luego de una resolución favorable para integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en una causa por usurpaciones en Villa Mascardi.
Desde la defensa, en cambio, celebraron la decisión judicial. Los abogados de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina sostuvieron que el fallo restablece el reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuches y cuestionaron la sentencia de primera instancia por considerar que había desestimado las pruebas presentadas por la defensa y privilegiado la postura de la Fiscalía y de la Administración de Parques Nacionales.
