El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó una serie de declaraciones juradas rectificativas que modifican de manera sustancial la composición patrimonial que había informado hasta el momento. Según la documentación difundida, su patrimonio declarado asciende ahora a más de $944 millones.
La presentación se produjo en un contexto de creciente atención pública sobre su situación patrimonial y mientras continúa una investigación judicial destinada a determinar si existe correspondencia entre sus ingresos, sus bienes y el nivel de gastos atribuido al funcionario.
De acuerdo con la información publicada, la nueva documentación incorpora activos que no habían sido incluidos en declaraciones anteriores, entre ellos aproximadamente USD 513.000 que, según la explicación presentada por el funcionario, provendrían de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018.
Entre los bienes informados figuran disponibilidades en efectivo, fondos en cuentas financieras y distintos activos patrimoniales. La documentación también incluye modificaciones vinculadas a la situación patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti, que forma parte de las rectificaciones presentadas ante los organismos de control.
Tras conocerse la presentación, Adorni sostuvo públicamente que esos fondos fueron obtenidos antes de ingresar al Gobierno y aseguró que corresponden a ahorros e inversiones realizadas durante años previos a su función pública.
La presentación llegó pocas horas después de que el funcionario y su esposa adhirieran al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, una herramienta impulsada por el Gobierno nacional que permite simplificar determinadas declaraciones fiscales.
Mientras tanto, la situación continúa bajo análisis judicial. Los investigadores buscan determinar la trazabilidad de distintos activos, movimientos financieros y operaciones vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete.
La nueva declaración abre una etapa distinta dentro del caso, ya que incorpora información que no figuraba en registros anteriores y que ahora deberá ser evaluada tanto por los organismos de control como por la Justicia para establecer si las explicaciones aportadas resultan suficientes para aclarar las inconsistencias señaladas en los últimos meses.
