El presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, que incluye un decreto para agilizar sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y una ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Las medidas fueron anunciadas durante una cadena nacional que el Presidente realizó este jueves por la noche, en la que volvió a plantear la posición argentina sobre el archipiélago y puso especial énfasis en el avance del proyecto petrolero Sea Lion.
Milei sostuvo que el Gobierno utilizará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas y judiciales y legales, para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”. En ese sentido, consideró que la estrategia requiere una estructura estatal coordinada y nuevas herramientas legales.
“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, afirmó.
El mandatario también se refirió a las resoluciones de Naciones Unidas y sostuvo que desde hace 50 años el organismo solicita a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluida la explotación de recursos naturales.
En ese contexto, puso el foco en Sea Lion, el proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas. Milei lo calificó como una situación especialmente grave porque, según planteó, implica por primera vez la extracción de un recurso no renovable en el área en disputa.
“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió.
La primera medida anunciada será un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659 contra quienes participen de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica.
Milei indicó que la norma buscará agilizar los mecanismos para detectar e intercambiar información sobre empresas, accionistas, directores y proveedores que intervengan, de manera directa o indirecta, en este tipo de operaciones. El objetivo será facilitar la aplicación de las sanciones previstas por la legislación argentina.
Además, las compañías que participen sin autorización argentina en proyectos vinculados con las Islas Malvinas quedarán inhabilitadas para operar en territorio argentino. La medida alcanzaría a quienes intervengan directa o indirectamente en esas actividades.
“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, afirmó el Presidente.
El segundo eje será el envío al Congreso, con carácter urgente, de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa tendrá como uno de sus objetivos modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías involucradas en operaciones no autorizadas.
El proyecto también contemplará a proveedores y otros actores vinculados con esas actividades. Milei adelantó que los infractores no podrán contratar en territorio argentino, tanto con organismos del sector público como con empresas del sector privado.
La iniciativa incorporará además, cuando corresponda, la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para quienes sean alcanzados por las nuevas disposiciones.
El segundo componente de la ley será la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que tendrá como función definir una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal para todo el Estado.
Según explicó Milei, ese Consejo permitirá articular a Cancillería, el Ministerio de Defensa, los organismos de Inteligencia y el Ministerio de Economía, con el objetivo de coordinar la respuesta del Estado frente a situaciones que involucren la seguridad y la soberanía nacional.
El Presidente adelantó además que pedirá al Congreso que le otorgue al nuevo organismo las facultades necesarias para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante actores estatales o no estatales que representen una amenaza para la seguridad nacional.
El tercer eje anunciado estará vinculado con la presencia estratégica argentina en Tierra del Fuego. El Gobierno ampliará el presupuesto del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.
Milei sostuvo que esa infraestructura tendrá una importancia estratégica para el país y permitirá reforzar su posición en el extremo sur. “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, afirmó.
De esta manera, el paquete anunciado por el Presidente combina medidas sancionatorias, modificaciones legales, coordinación de organismos estatales y refuerzo de las capacidades estratégicas y militares en el Atlántico Sur.
En concreto, las medidas anunciadas contemplan:
- – Un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios establecidos por la Ley 26.659 contra empresas vinculadas con la extracción de petróleo en territorio bajo ocupación británica.
- – Un mecanismo de detección temprana e intercambio de información para facilitar las sanciones contra empresas, accionistas, directores y proveedores involucrados en esas actividades.
- – La inhabilitación para operar en la Argentina de compañías que participen directa o indirectamente, sin autorización argentina, en proyectos desarrollados en las Islas Malvinas.
- – Una ampliación del presupuesto del Ministerio de Defensa para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
- – El fortalecimiento de las capacidades argentinas en telecomunicaciones como parte del desarrollo de esa infraestructura estratégica.
- – El envío urgente al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
- – El endurecimiento de sanciones y penas para empresas vinculadas con operaciones no autorizadas, incluidos proveedores, con la posibilidad de aplicar juicio en ausencia cuando corresponda.
- – La creación del Consejo de Seguridad Nacional, con participación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
- – La asignación de facultades al Consejo para que el Estado pueda responder mediante herramientas económicas y diplomáticas ante actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.
Con este paquete, el Gobierno busca establecer un esquema permanente que combine instrumentos diplomáticos, económicos, judiciales, legales y de defensa para sostener el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y responder al avance de actividades de explotación de recursos en el área disputada.
