La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una nueva línea de análisis. La fiscalía federal puso el foco en una serie de conversaciones mantenidas entre el contratista Matías Tabar y Gisela Kocsis, secretaria del funcionario, para determinar si se realizaron compras destinadas a equipar la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá.
La pesquisa se profundizó luego de que se detectara una factura emitida por más de 8 millones de pesos a nombre de Kocsis, correspondiente a una compra realizada en junio de 2025 en la firma Rosen The Store. Según surge del expediente, la operación incluyó tres colchones, almohadas, juegos de sábanas y un edredón o cubrecama por un monto total de $8.183.303,25.
Ahora los investigadores intentan establecer si esa adquisición fue un hecho aislado o si formó parte de un conjunto más amplio de compras destinadas al amoblamiento y equipamiento de la propiedad.
De acuerdo con la información incorporada a la causa, la secretaria del jefe de Gabinete intercambió mensajes con Tabar en los que enviaba fotografías de distintos artículos para el hogar. Entre los productos mencionados figuran colchones, muebles, lavarropas y lavavajillas, elementos que podrían haber sido destinados a la vivienda ubicada en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.
La fiscalía busca reconstruir el destino final de esos bienes y determinar quién los adquirió efectivamente, cómo fueron abonados y dónde fueron entregados.
La investigación es encabezada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien ya había solicitado información detallada sobre la operación realizada en Rosen The Store. Entre otros puntos, requirió datos sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien efectuó la compra, el domicilio de entrega y toda la documentación respaldatoria.
Además, se dispuso la futura declaración testimonial de Kocsis y el análisis pericial del teléfono celular de Tabar, una prueba considerada clave para reconstruir las conversaciones y verificar si existieron otras operaciones vinculadas al inmueble.
Una causa que sigue sumando elementos
La nueva línea investigativa se incorpora a una batería de medidas impulsadas por Pollicita para profundizar el análisis patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
Entre las diligencias ordenadas figura un pedido de información sobre posibles vínculos laborales de ambos con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023, incluyendo cargos, remuneraciones y documentación patrimonial.
También se solicitó acceso a información vinculada a una causa que involucra a Francisco Adorni, con el objetivo de detectar posibles referencias a bienes familiares, dinero en efectivo o movimientos patrimoniales que puedan tener relación con la investigación actual.
Otra de las medidas apunta directamente a la propiedad ubicada en el lote 380 de Indio Cuá. La fiscalía pidió los registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, empresas de transporte y servicios de entrega que hayan ingresado al barrio privado entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
El objetivo es reconstruir las reformas realizadas, las compras efectuadas y el flujo de materiales y equipamiento que llegaron a la vivienda durante ese período.
El testimonio que abrió la investigación
La causa tomó impulso a partir de la declaración del contratista Matías Tabar, responsable de las refacciones realizadas en la propiedad.
Ante la Justicia, el empresario sostuvo que las obras demandaron una inversión de 245 mil dólares, fueron abonadas en efectivo y sin factura, y se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Según relató, los trabajos incluyeron remodelaciones en baños y cocina, colocación de pisos, reparación de la pileta y la construcción de mobiliario para el quincho.
Tabar afirmó además que los pagos fueron realizados íntegramente por Adorni en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y otros 190 mil dólares distribuidos a lo largo de 2025.
Con el análisis de los teléfonos, las facturas y los registros de ingresos al country, la fiscalía intenta ahora determinar si los gastos destinados a la vivienda fueron mayores a los ya declarados y si existe consistencia entre esas erogaciones y el patrimonio informado por el jefe de Gabinete.
