La mesa política del Gobierno nacional volvió a reunirse este martes en Casa Rosada, pero las conversaciones dejaron en evidencia que todavía no existe una posición común sobre los tiempos y las condiciones para negociar con los gobernadores aliados.
El encuentro, encabezado por Karina Milei, se extendió durante aproximadamente dos horas y estuvo centrado en la necesidad de avanzar con una agenda legislativa que incluye el Presupuesto 2027, la reforma electoral y distintas iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Las diferencias también alcanzan a los proyectos vinculados con discapacidad y a la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento debió postergarse ante la falta de acuerdos parlamentarios.
“Hay diferentes visiones dentro de la mesa”, reconoció a Infobae uno de los integrantes del espacio político que responde al presidente Javier Milei.
Los acuerdos con los gobernadores dividen al oficialismo
Uno de los principales puntos de discusión fue la estrategia para conseguir el respaldo de los mandatarios provinciales.
Las negociaciones tienen dos objetivos: reunir los votos necesarios para aprobar proyectos en el Congreso y evaluar posibles alianzas electorales de cara a 2027.
Durante el encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en la conveniencia de acelerar los entendimientos para fortalecer el respaldo político al programa económico.
Su planteo contó con el acompañamiento de Patricia Bullrich y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, aunque no logró imponerse frente a las posiciones de otros integrantes de la mesa.
Desde el sector cercano a Karina Milei y a Martín y Eduardo “Lule” Menem consideran que las negociaciones requieren mayor tiempo y que anticipar acuerdos podría debilitar la capacidad del oficialismo para definir su armado electoral.
“Estamos trabajando, pero es un tema difícil”, habría expresado la secretaria general de la Presidencia, según fuentes citadas por el medio.
Uno de los participantes resumió el resultado de la reunión: “Lo conversamos, pero no fijamos criterios”.
La reforma electoral y las PASO, en el centro de las negociaciones
La discusión con los gobernadores también está vinculada con la reforma electoral que impulsa el oficialismo.
El Gobierno busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con cambios en el sistema electoral, incluida la discusión sobre las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Sin embargo, todavía no existe una definición sobre las condiciones que el oficialismo está dispuesto a aceptar para conseguir esos votos.
Algunos dirigentes consideran necesario acelerar las conversaciones para evitar que el calendario legislativo complique el tratamiento de las iniciativas.
Otros sostienen que resulta conveniente esperar y preservar la capacidad de negociación del partido presidencial.
La falta de una estrategia compartida mantiene abiertas las conversaciones con los gobernadores, que también deberán desempeñar un papel importante en el tratamiento del Presupuesto 2027.
Discapacidad: las concesiones generan reparos en Economía
Otro de los asuntos que provocó diferencias fue el proyecto vinculado con discapacidad, previsto entre los temas que el oficialismo busca tratar en Diputados.
El texto incorpora concesiones presupuestarias negociadas con sectores aliados, pero algunos de esos cambios generan objeciones dentro del Ministerio de Economía.
El principal cuestionamiento se relaciona con el impacto de las modificaciones sobre las previsiones de gasto contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, manifestó que desde el Poder Ejecutivo se esperaba una propuesta diferente.
Las discrepancias reflejan las dificultades del Gobierno para compatibilizar la búsqueda de acuerdos parlamentarios con las restricciones fiscales que sostiene el equipo económico.
Mientras algunos funcionarios consideran necesario aceptar modificaciones para conseguir mayorías, otros advierten que esas concesiones pueden alterar los objetivos originales de los proyectos.
Malvinas: postergan el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
Las dificultades para reunir apoyos también alcanzaron a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por el Gobierno en el marco de su agenda vinculada con la cuestión Malvinas.
El oficialismo pretendía incluirla en la sesión de este miércoles, pero decidió postergar su tratamiento ante los cuestionamientos de la oposición y las dudas de sectores aliados.
Entre los puntos más discutidos figuran las disposiciones que contemplan sanciones para quienes promuevan campañas de “desinformación masiva”, así como la composición y las facultades previstas para un Consejo de Seguridad.
Las objeciones llevaron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a habilitar nuevas conversaciones para introducir modificaciones en el articulado.
La discusión se desarrolla, además, en un contexto de diferencias con la posición de Estados Unidos respecto del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo en el que la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Desde el oficialismo rechazaron que la postergación del proyecto responda a un pedido estadounidense y atribuyeron la decisión a la necesidad de conseguir consensos legislativos.
La intención de las autoridades de Diputados es retomar el tratamiento la próxima semana, aunque todavía no se confirmó una fecha.
Una agenda legislativa sin calendario definido
La reunión de este martes se produjo antes de una nueva sesión prevista en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo pretende avanzar con proyectos vinculados con la propiedad privada, el endeudamiento familiar y discapacidad.
Sin embargo, las negociaciones continúan abiertas y las principales iniciativas del Gobierno todavía no cuentan con un cronograma definitivo.
El Presupuesto 2027, la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional siguen sujetos a los acuerdos que el oficialismo pueda construir dentro y fuera del Congreso.
Por ahora, la mesa política mantiene diferencias sobre cómo alcanzar esos consensos y cuánto está dispuesta a conceder para conseguirlos.
“Todavía estamos en plazo”, sostienen desde el entorno presidencial, mientras se acortan los tiempos para avanzar con la agenda legislativa antes del próximo año electoral.
