A partir de este sábado 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801. La reforma modifica de manera sustancial el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y baja de 16 a 14 años la edad a partir de la cual una persona puede quedar sometida a un proceso penal.
La nueva normativa reemplaza el régimen establecido por las leyes 22.278 y 22.803, vigentes desde comienzos de la década de 1980. El Congreso aprobó la reforma a fines de febrero y la ley fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su entrada en vigencia se produjo 180 días después de esa publicación.
El cambio central alcanza a los adolescentes de 14 y 15 años, que hasta ahora no podían recibir una condena penal. Desde la entrada en vigencia de la nueva ley podrán ser imputados, procesados y eventualmente condenados cuando estén acusados de delitos comprendidos por el régimen.
Esto no significa que cualquier adolescente de esa edad vaya automáticamente a prisión. El nuevo sistema establece un régimen especial de responsabilidad penal y contempla alternativas al proceso y a la privación de la libertad, además de garantías procesales específicas y la intervención de operadores especializados.
Para los adolescentes de 16 y 17 años, que ya estaban alcanzados por la responsabilidad penal, la reforma también modifica las reglas del procedimiento y de las sanciones aplicables. Uno de los límites establecidos por la nueva legislación es que no podrá aplicarse prisión perpetua a personas menores de 18 años. El máximo de una condena queda fijado en 15 años, de acuerdo con el nuevo régimen.
La ley también incorpora mecanismos destinados a priorizar respuestas diferentes del encarcelamiento cuando las características del caso lo permitan. El objetivo declarado del nuevo sistema es combinar la responsabilidad por el delito con un régimen especializado que tenga en cuenta la edad del adolescente y sus posibilidades de reinserción.
La implementación exige además una adaptación de los distintos actores que intervienen en las investigaciones y procesos. Jueces, fiscales, defensores y otros operadores deberán trabajar bajo las nuevas reglas y con especialización en materia penal juvenil.
El Ministerio de Justicia ya comenzó un proceso de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados judiciales de distintas jurisdicciones, con el objetivo de preparar la aplicación de la Ley 27.801.
El cambio también obliga a las provincias a adecuar sus sistemas y estructuras a las nuevas exigencias. La normativa nacional requiere articulación con los sistemas locales de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, además de operadores judiciales especializados.
En varias jurisdicciones ya comenzaron los debates y las modificaciones necesarias para adaptar sus procedimientos. En Córdoba, por ejemplo, la Legislatura avanzó con un proyecto destinado a adecuar el régimen procesal penal juvenil provincial a la nueva legislación nacional.
La entrada en vigencia abre así una nueva etapa en la política criminal argentina. La discusión sobre la edad de responsabilidad penal, que durante años ocupó un lugar central en los debates sobre seguridad, queda ahora acompañada por un cambio integral en las reglas para investigar, juzgar y sancionar a adolescentes.
Desde este sábado, la Argentina tendrá un nuevo régimen penal juvenil, con responsabilidad penal desde los 14 años, límites específicos para la privación de libertad y un sistema diferenciado respecto del régimen penal de los adultos.
