La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el gobierno de Javier Milei, en una votación ajustada que obligó al oficialismo a modificar uno de los puntos centrales de la iniciativa.
El resultado fue de 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, estas últimas correspondientes a legisladores de Córdoba. La Libertad Avanza logró avanzar con el proyecto, aunque debió aceptar que se mantengan las restricciones establecidas por la Ley de Tierras de 2011 para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
Como el texto aprobado presenta modificaciones respecto de la media sanción original, deberá regresar al Senado para su revisión antes de convertirse en ley.
La Ley de Tierras, el punto que obligó al oficialismo a negociar
Uno de los principales cambios introducidos durante el debate fue la decisión de preservar las restricciones a la propiedad rural extranjera, cuya derogación formaba parte de la propuesta impulsada por el Gobierno.
La discusión también estuvo vinculada con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que había incluido la derogación de la normativa de tierras.
Ante las dificultades para reunir los votos necesarios, La Libertad Avanza aceptó mantener el régimen de 2011. La negociación permitió destrabar la aprobación general del proyecto, aunque significó una modificación de la propuesta oficial.
La Cámara alta deberá decidir ahora si acepta los cambios realizados por Diputados o insiste con su redacción anterior.
Nuevas condiciones para las expropiaciones
El proyecto también introduce modificaciones en los procedimientos mediante los cuales el Estado puede expropiar bienes privados.
Entre los puntos principales, establece la necesidad de una declaración de utilidad pública y dispone que la indemnización sea abonada previamente, tomando como referencia el valor de mercado del bien.
Además, incorpora el reconocimiento del lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario dejaría de percibir como consecuencia de la expropiación.
Los sectores críticos de la iniciativa advierten que estas condiciones podrían encarecer o dificultar las expropiaciones necesarias para ejecutar determinadas obras públicas.
El oficialismo, en cambio, sostiene que los cambios buscan fortalecer las garantías de los propietarios frente a las intervenciones del Estado.
Qué cambia en los procedimientos de desalojo
Otro capítulo relevante del proyecto establece mecanismos para agilizar los procesos judiciales de desalojo de inmuebles.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino y concederle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda.
Si el incumplimiento persiste, podrá iniciar una acción de desalojo mediante un procedimiento abreviado, con plazos más reducidos.
El texto también contempla la posibilidad de disponer una desocupación inmediata bajo caución juratoria en determinados supuestos. Si posteriormente se comprueba que el propietario ocultó información o documentación relevante para obtener esa medida, podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor mensual del alquiler.
Para las viviendas ocupadas por menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, se prevé la intervención de organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria, con un plazo máximo de diez días, sin suspender el trámite principal.
Durante el debate, el diputado libertario Santiago Santurio defendió la agilización de los desalojos al sostener que la ocupación de inmuebles afecta la disponibilidad de viviendas en el mercado de alquileres.
Una aprobación ajustada y una nueva instancia legislativa
La votación dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para reunir mayorías propias y la importancia de las negociaciones con otros bloques.
Aunque consiguió la aprobación en Diputados, el Gobierno debió resignar la derogación de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los cambios que buscaba introducir.
El proyecto todavía no es ley. Su futuro dependerá de la decisión del Senado sobre las modificaciones incorporadas, especialmente en el capítulo referido a la propiedad rural.
La nueva instancia legislativa determinará si prospera la versión aprobada este miércoles o si continúa la discusión sobre el alcance de las reformas.
