El Gobierno nacional analiza impulsar una presentación judicial contra Irán ante organismos internacionales por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, que provocó 85 muertes y dejó cientos de heridos.
La iniciativa fue anunciada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, después de mantener una reunión con autoridades de la institución para evaluar nuevas alternativas destinadas a avanzar en el esclarecimiento del ataque.
Según explicó el funcionario, el encuentro tuvo como objetivo analizar “posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994”.
“Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”, expresó Mahiques a través de sus redes sociales.
Una de las alternativas mencionadas es recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI), aunque todavía no se informó la presentación formal de una demanda ni se precisó cuál sería el mecanismo jurídico elegido.
Desde la AMIA agradecieron la disposición del Gobierno para estudiar la propuesta y señalaron que representa una iniciativa orientada a profundizar la búsqueda de justicia.
La investigación argentina y los acusados iraníes
La posibilidad de acudir a una instancia internacional se plantea mientras la Justicia argentina continúa avanzando en la investigación de las responsabilidades por el atentado.
La causa sostiene como principal hipótesis que el ataque fue planificado por integrantes del régimen iraní y ejecutado por la organización Hezbolá.
En ese marco, el juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses, con embargos de 500 millones de dólares para cada uno, según informó la agencia Noticias Argentinas.
Entre los acusados como presuntos autores mediatos se encuentran Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia de Irán; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, vinculado a esa estructura militar.
También figuran entre los procesados Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la Embajada de Irán, y Ahmad Asghari, señalado como exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
A ellos se suma Salman Raouf Salman, ciudadano libanés vinculado a Hezbolá, a quien la investigación atribuye la coordinación de la etapa final del atentado.
La Justicia también busca avanzar sobre la situación de Alí Asghar Hejazi, exfuncionario del régimen iraní señalado por su presunta intervención en la organización del ataque.
Las responsabilidades atribuidas a estas personas forman parte de la acusación judicial y deberán ser determinadas en las instancias procesales correspondientes.
Dos caminos judiciales para una misma causa
La iniciativa anunciada por Mahiques se vincula con otro avance de la investigación: el juicio en ausencia, un mecanismo que permite impulsar el proceso penal contra determinados acusados que no se encuentran a disposición de los tribunales argentinos, bajo las condiciones previstas por la legislación.
Durante décadas, la imposibilidad de lograr la comparecencia de los principales sospechosos fue uno de los obstáculos para el avance de la causa AMIA.
La eventual presentación internacional abriría una vía diferente, que requerirá determinar qué tribunal podría intervenir, bajo qué competencia y con qué alcance.
En particular, la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional deberá ser evaluada a la luz de sus reglas de jurisdicción, entre ellas las limitaciones temporales de su competencia respecto de hechos anteriores a su entrada en funcionamiento.
Por ahora, el Gobierno no anunció una demanda formal ni confirmó que un tribunal internacional haya aceptado intervenir.
A más de 32 años del atentado, la investigación continúa centrada en establecer las responsabilidades por el ataque y avanzar en los procedimientos judiciales contra las personas acusadas de haber participado en su planificación y ejecución.
