La Fiscalía Federal amplió la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y pidió nuevas medidas para comprobar las explicaciones que el exjefe de Gabinete presentó sobre el origen de parte de sus bienes y fondos. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó, entre otras diligencias, verificar técnicamente ocho direcciones de Bitcoin y reconstruir la situación económica de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desde el comienzo de su vida laboral.
Las nuevas medidas fueron solicitadas después de que la defensa de Adorni presentara su explicación sobre la procedencia de distintos fondos. Según esa presentación, una parte importante del capital habría surgido de operaciones con Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública, mientras que otra parte habría tenido como origen ahorros familiares generados previamente.
Uno de los principales puntos de la investigación son las ocho billeteras de Bitcoin que la defensa vinculó con Adorni. De acuerdo con su explicación, las operaciones realizadas entre 2014 y 2018 habrían generado US$591.544,61, fondos que posteriormente fueron utilizados para justificar parte del dinero declarado como proveniente de la venta de activos.
Para comprobar esa versión, Pollicita pidió que el abogado Matías Ledesma concurra a la Fiscalía acompañado por un perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado donde se encuentran las claves privadas de las ocho direcciones. La intención es realizar una prueba que permita establecer si efectivamente existe control sobre esas billeteras.
El procedimiento contempla que el especialista de la defensa utilice una billetera de administración y firme un mensaje proporcionado por la Fiscalía desde cada una de las direcciones. Luego intervendrá personal especializado de la Policía Federal Argentina para realizar una verificación criptográfica de las firmas obtenidas. La diligencia deberá quedar registrada y las claves privadas permanecerán bajo control de la defensa.
La Fiscalía también busca reconstruir la situación patrimonial de Adorni y Angeletti en períodos anteriores a los que ya estaban bajo análisis. El nuevo pedido contempla información sobre la trayectoria económica de ambos desde que alcanzaron la mayoría de edad, a partir de la explicación de la defensa sobre ahorros familiares acumulados antes de las operaciones con criptomonedas.
En el caso de Adorni, el período solicitado comienza el 28 de febrero de 1998 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2011. Para Angeletti, la reconstrucción parte del 10 de octubre de 2000 y llega hasta la misma fecha de cierre. Esos años se suman al período que la Justicia ya había dispuesto investigar desde 2012.
Otra de las medidas solicitadas es el levantamiento del secreto fiscal de ambos. De esta manera, la Fiscalía busca acceder a información que se encuentra en poder de ARCA, entre ella declaraciones juradas, ingresos, bienes y datos vinculados con su situación tributaria. También se solicitaron registros sobre operaciones financieras y patrimoniales correspondientes a los períodos investigados.
El requerimiento incluye además información relacionada con propiedades, vehículos y eventuales participaciones en sociedades, asociaciones o fundaciones. Para reconstruir esos movimientos, la Fiscalía apunta a registros públicos y organismos que concentran información patrimonial y societaria.
La investigación también mantiene bajo análisis el dinero utilizado para las refacciones de una vivienda en el barrio Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En ese punto existe una diferencia entre la documentación incorporada a la causa: el contratista Matías Tabar había señalado pagos por unos US$245.000, mientras que la defensa de Adorni presentó una estimación cercana a los US$175.000 y un informe arquitectónico que calculó el valor de las obras en US$174.954,58.
La Fiscalía busca obtener documentación adicional sobre el costo de las obras para contrastar ambas cifras. La defensa cuestionó parte de los comprobantes aportados por el contratista y señaló que existieron gastos sin documentación formal y operaciones realizadas en efectivo.
El planteo fiscal deberá ser autorizado por el juez federal Ariel Lijo, quien interviene en la causa. Las medidas buscan verificar si la explicación presentada por la defensa puede ser respaldada mediante documentación, registros patrimoniales y comprobaciones técnicas sobre las operaciones con criptomonedas.
