Los diputados nacionales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, de la Unión Cívica Radical, presentaron un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para establecer como delito la conducción bajo los efectos del alcohol y endurecer las penas para quienes provoquen muertes o lesiones graves al volante.
La propuesta parte de una situación que los legisladores consideran insuficiente: actualmente, manejar alcoholizado sin provocar un siniestro no constituye un delito penal, sino que se encuentra dentro del régimen de infracciones de tránsito. El proyecto pretende crear una figura específica para que determinadas conductas de conducción con alcoholemia puedan ser sancionadas penalmente antes de que deriven en una tragedia.
La iniciativa también plantea modificar el tratamiento de los homicidios y lesiones producidos al volante. En determinados casos considerados especialmente graves, se propone que las penas impliquen cumplimiento efectivo de prisión y que se amplíe el período de inhabilitación para conducir.
Entre las circunstancias que el proyecto considera agravantes aparecen la fuga del lugar del hecho sin asistir a la víctima, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, niveles elevados de alcoholemia, el exceso significativo de velocidad, cruzar un semáforo en rojo, circular en sentido contrario y conducir estando inhabilitado.
Para el homicidio vial básico, la propuesta contempla una pena de 3 a 5 años de prisión y una inhabilitación especial para conducir de entre 4 y 8 años. Cuando existan agravantes, la escala podría elevarse a 4 a 10 años de prisión, con una inhabilitación de entre 8 y 12 años.
El texto también establece diferencias para conductores profesionales. Para ellos, uno de los umbrales de alcoholemia agravante previstos sería de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre, mientras que para el resto de los conductores se contempla un límite de 1 gramo por litro dentro de las circunstancias agravantes.
Otro de los puntos centrales apunta a evitar que una causa termine prescribiendo mientras atraviesa distintas instancias de apelación. El proyecto propone que una sentencia que confirme una condena interrumpa el plazo de prescripción, de modo que el paso del tiempo durante la revisión judicial no termine extinguiendo el proceso.
“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia”, sostuvo Pamela Verasay, quien planteó que la modificación busca diferenciar una infracción administrativa de aquellas conductas que, por el nivel de riesgo que generan, deberían tener una respuesta penal.
El proyecto quedó ahora a consideración del Congreso, donde deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de convertirse eventualmente en ley.
