El Senado de la Nación aprobó este jueves en general el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. El oficialismo consiguió reunir 37 votos afirmativos, frente a 33 negativos, en una sesión que se extendió durante varias horas y que estuvo atravesada por fuertes debates políticos tanto dentro como fuera del recinto.

La aprobación fue posible luego de que el oficialismo decidiera retirar los capítulos más controvertidos del proyecto. Primero eliminó las modificaciones relacionadas con la venta de tierras rurales a capitales extranjeros y, posteriormente, dejó afuera los cambios vinculados a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, dos puntos que habían generado resistencia incluso entre legisladores dialoguistas.
Con la aprobación en general, la Cámara alta inició el tratamiento artículo por artículo, una instancia que se preveía se extendería hasta la madrugada debido a la cantidad de propuestas de modificación presentadas por los distintos bloques.
La sesión comenzó en un clima de alta tensión política. El presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, intentó sin éxito suspender el debate al cuestionar que el dictamen definitivo había sido distribuido pocas horas antes del inicio de la sesión, lo que, según sostuvo, impedía un análisis adecuado por parte de los senadores. La moción fue rechazada y el oficialismo logró mantener el tratamiento del proyecto.
Otro de los puntos debatidos fue la posibilidad de que los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama participaran de manera virtual por cuestiones de salud. Finalmente, esa solicitud no prosperó y ambos legisladores quedaron sin intervenir en la votación.
Mientras el Senado debatía la iniciativa, las inmediaciones del Congreso fueron escenario de una protesta convocada por organizaciones sociales y sectores opositores al proyecto. La manifestación derivó en incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con un saldo de al menos 11 detenidos y varias personas heridas, según informaron fuentes oficiales.
La aprobación en general representa un nuevo respaldo legislativo para el Gobierno de Javier Milei, que ahora busca consolidar el texto definitivo durante la votación en particular, donde aún podrían incorporarse modificaciones antes de la sanción final de la norma.

