La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar el recurso extraordinario presentado por el Gobierno por considerar que no existe una sentencia definitiva sobre el caso.
La decisión del máximo tribunal mantiene vigente la orden judicial que exige cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales y a la recomposición de distintos programas destinados a los estudiantes.
El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la apelación del Poder Ejecutivo al entender que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva, requisito necesario para habilitar la intervención de la Corte en esta etapa del proceso.
La resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto, sino que confirma la continuidad de la medida cautelar mientras la Justicia continúa analizando la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley.
La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades públicas, que cuestionaron el decreto del Poder Ejecutivo que suspendió la aplicación de parte de la norma sancionada por el Congreso.
En los hechos, la decisión judicial tiene un impacto limitado en lo inmediato. Días atrás, el Gobierno nacional y los rectores universitarios alcanzaron un acuerdo que contempla un incremento del 24,33% en la masa salarial, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y un aumento de los fondos destinados a hospitales universitarios. Por ese motivo, la cautelar no modifica los desembolsos ya comprometidos por el Ejecutivo.
Sin embargo, el pronunciamiento representa un respaldo judicial a la vigencia de la ley mientras continúa el litigio y fortalece la posición de las universidades en la discusión sobre el financiamiento del sistema público de educación superior.
El Gobierno había sostenido que la ley no podía aplicarse plenamente porque no establecía una fuente específica de financiamiento y advertía que su implementación afectaría el equilibrio fiscal. Ese fue uno de los principales argumentos utilizados para recurrir la medida cautelar ante la Corte Suprema.
Con esta decisión, la Corte cierra, por ahora, la discusión sobre la cautelar, aunque el proceso principal seguirá su curso hasta que exista una sentencia definitiva que determine si el decreto cuestionado es o no compatible con la Constitución y con la Ley de Financiamiento Universitario.
