El Gobierno nacional avanzará en los próximos días con la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica de manera integral la ley de inteligencia, una decisión que redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y amplía de forma significativa sus atribuciones.
El decreto, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y su gabinete, introduce una profunda reorganización del sistema de inteligencia, con la creación de nuevas agencias, la disolución de estructuras previas y la unificación de funciones para mejorar el intercambio de información entre organismos del Estado.
Desde el Poder Ejecutivo aseguran que la reforma “moderniza, ordena y legitima” el sistema, lo adapta a amenazas actuales y lo somete a mayores controles institucionales, al tiempo que redefine con mayor precisión el alcance de las tareas de inteligencia.
Uno de los puntos centrales del DNU es la explicitación del carácter reservado y encubierto de las actividades de inteligencia. El texto incorpora definiciones que no estaban contempladas en la normativa vigente y establece que estas tareas buscan minimizar el llamado Riesgo Estratégico Nacional.
En ese marco, el decreto amplía y detalla el concepto de contrainteligencia, incluyendo acciones destinadas a prevenir espionaje, sabotajes, infiltraciones, atentados contra el orden constitucional o injerencias externas que puedan afectar las decisiones del Estado y los intereses estratégicos del país.
Cambios en la estructura del sistema
La SIDE continuará como organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional, pero con una estructura interna renovada. Entre los cambios más relevantes, se redefine el funcionamiento de varias dependencias:
- La Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).
- La Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco específico en el ámbito digital.
- La División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).
Además, la norma coloca a la SIDE al frente de la planificación estratégica, obtención y análisis de información, y la habilita a coordinar acciones con organismos nacionales, provincias, la Ciudad de Buenos Aires y entidades extranjeras.
El decreto también autoriza a la SIDE a requerir información a cualquier organismo del sector público, intervenir en tareas vinculadas a la lucha contra el terrorismo, desarrollar análisis geoespaciales y gestionar aspectos criptográficos del Estado.
Nueva arquitectura en ciberseguridad
Entre las novedades más importantes se destaca la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Su misión será proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas y los sistemas tecnológicos que sostienen servicios públicos esenciales.
Para su implementación, se transferirán bienes, personal y recursos que antes estaban asignados a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.
Coordinación y mayor integración estatal
El DNU también crea dos espacios clave de articulación. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, que agrupa a organismos de inteligencia y áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y entes con capacidad de generar información estratégica, como Migraciones, Aduana y organismos técnicos sensibles.
Ambos ámbitos quedarán bajo la conducción directa de la SIDE, que establecerá los mecanismos para el suministro y procesamiento de datos.
Seguridad propia y facultades operativas
Uno de los aspectos más sensibles del decreto es que habilita a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad, proteger instalaciones, bienes y personal, y repeler agresiones que afecten su funcionamiento.
Además, el artículo 19 introduce una facultad inédita: el personal de inteligencia podrá aprehender personas en el marco de requerimientos judiciales o ante la comisión de delitos en flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.
Desde el Gobierno aclaran que esta atribución no convierte a la SIDE en una fuerza policial, sino que busca ordenar situaciones excepcionales y optimizar recursos mediante la coordinación con fuerzas federales, provinciales y las Fuerzas Armadas.
Finalmente, el decreto contempla la reubicación del personal de los organismos disueltos o renombrados y establece mecanismos transitorios para garantizar la continuidad operativa durante el proceso de reorganización.
Según remarcan fuentes oficiales, el objetivo central de la medida es mejorar la integración entre los sistemas de inteligencia, seguridad, defensa y finanzas, eliminar superposiciones y fortalecer la confianza ciudadana mediante controles legales, presupuestarios y técnicos más estrictos.
