La investigación por la muerte de Thiago Altamirano, el niño de 2 años que falleció en la ciudad de Salta, sumó nuevas pruebas que fortalecen la hipótesis de homicidio y complican la situación judicial de María del Milagro Cuéllar Medina, madre del menor, y de su pareja, Franco Nicolás Funes, ambos detenidos.
El resultado de la autopsia determinó que Thiago murió por una asfixia mecánica provocada, una conclusión que descartó por completo la explicación inicial brindada por los imputados, quienes habían asegurado que el niño se había caído de una cama.
El fiscal penal Daniel Espilocín, a cargo de la causa, sostuvo que no existe ninguna lesión compatible con un accidente doméstico y afirmó que las pericias permitieron avanzar con la imputación contra Funes por homicidio agravado por alevosía.
A las pruebas forenses se sumaron los testimonios de médicos, vecinos y de la propietaria del inquilinato donde residía la familia. Según la investigación, todos coincidieron en que la versión ofrecida por la madre y su pareja no se correspondía con el estado en el que ingresó el niño al hospital.
Los profesionales que atendieron a Thiago en el Hospital Papa Francisco advirtieron desde el primer momento que las lesiones eran incompatibles con una caída, motivo por el cual dieron inmediata intervención a la Justicia. Posteriormente, el menor fue derivado al Hospital Materno Infantil, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.
La causa también incorporó declaraciones que indican que los hijos de Cuéllar Medina le tenían miedo a Funes y que esa situación habría sido conocida por la madre. Además, la fiscalía investiga si la mujer dejó reiteradamente a los menores bajo el cuidado del acusado, pese a las señales de alarma.
Otro de los elementos bajo análisis son las denuncias previas realizadas por el abuelo paterno del niño, que habían motivado la intervención judicial y la adopción de medidas de protección meses antes del desenlace fatal. La investigación busca determinar si esos mecanismos resultaron insuficientes y si existieron fallas institucionales en el seguimiento del caso.
Con las nuevas evidencias incorporadas al expediente, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido y definir las responsabilidades penales de los imputados en la muerte de Thiago Altamirano.
