El Gobierno nacional dio un paso clave en el inicio de 2026 al oficializar el Presupuesto del año y la Ley de Inocencia Fiscal, dos normas centrales para el rumbo económico que se proyecta. Ambas leyes quedaron promulgadas en el primer Boletín Oficial del año, luego de haber sido aprobadas por el Senado a fines de diciembre, y comienzan a marcar el marco financiero y tributario con el que se moverá la economía en los próximos meses.
El Presupuesto 2026 establece un esquema de gastos por $148 billones, con el foco puesto en sostener el equilibrio de las cuentas públicas. El texto prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1%, un dólar oficial estimado en $1.423 para diciembre y un superávit primario del 1,5% del PBI, además de un resultado financiero positivo. Se trata del primer presupuesto aprobado por el Congreso durante la gestión de Javier Milei, tras dos años de administración con prórrogas presupuestarias.
En cuanto a la distribución del gasto, la mayor parte estará destinada a servicios sociales, con más de $106 billones, seguidos por los compromisos de deuda pública y los servicios económicos. El plan también fija límites para cubrir vacantes en el Estado, con excepciones para áreas sensibles como Salud, Seguridad y Defensa. Entre las partidas más relevantes, se destacan $4,8 billones para universidades nacionales, aumentos del 5% en jubilaciones, del 17% en Salud y del 8% en Educación, además de una proyección de crecimiento de las exportaciones superior al 10%.
Junto al Presupuesto, quedó promulgada la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a estimular el uso de ahorros en dólares que hoy están fuera del sistema formal. La norma se basa en el principio de considerar al contribuyente como cumplidor, salvo que se demuestre lo contrario, y busca reducir el temor a sanciones al momento de bancarizar fondos.
La ley no elimina impuestos ni borra antecedentes fiscales, ni modifica las normas antilavado ni las facultades de la Unidad de Información Financiera. Sin embargo, habilita el uso de ahorros por hasta $100 millones sin penalidades, siempre que no se trate de personas con ingresos anuales superiores a $1.000 millones, patrimonios mayores a $10.000 millones o grandes contribuyentes nacionales, que quedan excluidos del beneficio.
Con la promulgación de ambas leyes, el Gobierno pone en marcha dos herramientas clave para 2026: un presupuesto con metas fiscales claras y un régimen que busca atraer dólares al circuito económico formal, en un contexto donde el control del gasto y la reactivación aparecen como ejes centrales.
