El Gobierno de Javier Milei planea insistir con una nueva Ley de Financiamiento Universitario a pesar del acuerdo que negocia con los rectores de las universidades nacionales para recomponer salarios y garantizar partidas presupuestarias durante este año. La estrategia oficial apunta a reabrir la discusión durante el tratamiento del Presupuesto 2027.
La decisión surge mientras el Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzan hacia un entendimiento que incluiría una mejora salarial para docentes y no docentes, además de refuerzos presupuestarios destinados al funcionamiento de las casas de estudio. Según trascendió, el acuerdo contempla una recomposición cercana al 24%, aunque los detalles finales continúan en negociación.
Sin embargo, el conflicto de fondo permanece abierto. Desde el sistema universitario aclararon que el eventual acuerdo económico no implicará retirar la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema, donde continúa la discusión sobre la aplicación de la actual ley de financiamiento universitario.
La posición del Gobierno se sostiene sobre un argumento que viene repitiendo desde hace meses: considera que la normativa vigente no establece con precisión una fuente de financiamiento y que su aplicación afectaría el equilibrio fiscal que busca mantener la administración nacional.
Por su parte, las universidades sostienen que la ley fue aprobada por el Congreso y que debe cumplirse. El reclamo se mantiene activo tanto en el plano judicial como en el ámbito político, luego de una serie de movilizaciones y protestas realizadas durante los últimos meses en distintos puntos del país.
La discusión sobre el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y el sistema de educación superior. Mientras la Casa Rosada busca encuadrar cualquier modificación dentro de la discusión presupuestaria del próximo año, rectores, docentes y estudiantes continúan reclamando una solución estructural que garantice previsibilidad para las universidades nacionales.
En este escenario, el acuerdo que podría firmarse en las próximas horas aparece como una instancia para descomprimir el conflicto salarial inmediato, aunque no resuelve la discusión de fondo sobre cómo se financiará el sistema universitario argentino en los próximos años.
