Paraguay atraviesa una crisis política e institucional que, según las informaciones difundidas este jueves 5 de noviembre, llevó al presidente Santiago Peña a anunciar su renuncia, mientras el Congreso avanzaba con un procedimiento de juicio político en su contra. La situación se desencadenó tras la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras con mayor cantidad de clientes del país, y se profundizó con el retiro del respaldo político de sectores del oficialismo.
La dimisión anunciada por Peña no consiguió cerrar el conflicto. De acuerdo con los reportes parlamentarios publicados durante la jornada, una sesión del Congreso destinada a tratar su renuncia quedó sin quórum, en medio de desacuerdos entre legisladores sobre cómo debía resolverse la situación presidencial.
Mientras algunos sectores buscaban aceptar la dimisión, otros impulsaban la continuidad del juicio político. Esa diferencia dejó abierto un escenario institucional que depende de las decisiones formales del Congreso.
La crisis se desarrolla en tres planos relacionados: el colapso atribuido a Ueno Bank, la fractura política dentro del Partido Colorado y la disputa parlamentaria sobre la continuidad del presidente.
Del escándalo bancario a la pérdida de apoyo político
El origen inmediato de la crisis se encuentra en la situación de Ueno Bank, cuya intervención fue informada esta semana por distintos medios internacionales.
Según esas publicaciones, el Banco Central del Paraguay dispuso medidas sobre la entidad después de detectar problemas graves en sus indicadores de solvencia.
Los reportes atribuyen al banco aproximadamente 2,9 millones de clientes y señalan que entre sus depositantes se encontraban organismos públicos, incluido el Instituto de Previsión Social (IPS).
Las dificultades para acceder a los depósitos generaron preocupación entre los ahorristas y motivaron anuncios de medidas extraordinarias para acelerar la devolución de fondos garantizados.
El caso adquirió rápidamente una dimensión política por los vínculos previos atribuidos a Peña con el grupo financiero y por los cuestionamientos sobre la supervisión bancaria.
En paralelo, las publicaciones informaron sobre investigaciones judiciales contra directivos de la entidad. Esas actuaciones deben distinguirse de las acusaciones políticas contra el mandatario: la existencia de una investigación no implica una declaración de culpabilidad.
La crisis también expuso tensiones dentro del Partido Colorado, la fuerza política que llevó a Peña a la Presidencia en 2023.
El expresidente Horacio Cartes, quien impulsó su candidatura y preside la Asociación Nacional Republicana (ANR), habría manifestado públicamente su respaldo al juicio político.
Ese posicionamiento, de confirmarse en los términos difundidos, representa un cambio significativo en la relación entre el mandatario y uno de sus principales aliados políticos.
Peña había llegado al gobierno con el apoyo del sector partidario liderado por Cartes. La pérdida de ese respaldo, en un contexto de acusaciones parlamentarias, modifica las condiciones políticas para sostener su administración.
Las informaciones publicadas durante el jueves también atribuyen al presidente un mensaje en el que anunció su decisión de dejar el cargo para preservar la estabilidad institucional.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, expresó Peña, según la declaración reproducida por los medios que cubrieron la crisis.
El mandatario sostuvo que su prioridad era proteger la tranquilidad de los ciudadanos que habían confiado sus ahorros al sistema financiero.
Un Congreso dividido y una sucesión presidencial sin resolver
El anuncio de Peña trasladó el centro de la crisis al Congreso de Paraguay, donde los legisladores debían resolver si aceptaban la renuncia o continuaban con el juicio político.
Según la cobertura publicada el jueves, la Cámara de Diputados aprobó una acusación contra el presidente y la remitió al Senado.
El procedimiento se enmarca en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que permite someter al presidente y a otros altos funcionarios a juicio político por determinadas causales.
Sin embargo, la sesión convocada para analizar la renuncia quedó sin quórum, según los reportes conocidos durante la noche. La falta de una decisión parlamentaria impidió dar por concluida la controversia institucional.
La diferencia entre ambas alternativas tiene consecuencias concretas. Una renuncia aceptada y una destitución mediante juicio político son procedimientos distintos, y el resultado puede influir en la situación institucional posterior del mandatario.
Las publicaciones también señalaron que el Senado convocó a Peña para este viernes 6 de noviembre, con el objetivo de continuar el trámite del juicio político. El presidente habría anticipado su intención de presentarse para ejercer su defensa.
En caso de producirse una vacancia definitiva de la Presidencia, la Constitución establece que corresponde al vicepresidente asumir el Poder Ejecutivo.
El vicepresidente Pedro Alliana, elegido junto con Peña en 2023, aparece así como una figura central en el escenario de sucesión. No obstante, los reportes indican que también fue alcanzado por una iniciativa de juicio político, lo que añade complejidad a la situación.
La definición institucional dependerá de las resoluciones que adopte el Congreso y de la aplicación de los mecanismos constitucionales previstos para la continuidad del gobierno.
Mientras tanto, la crisis financiera mantiene abierto otro frente: la recuperación de los depósitos, la situación de los fondos públicos y las investigaciones sobre las decisiones que llevaron al deterioro del banco.
Paraguay llega así a una jornada decisiva, con el futuro de la Presidencia sujeto a definiciones parlamentarias y con una crisis bancaria cuyas consecuencias todavía no están determinadas.
