La decisión judicial habilita el viaje entre el 18 y el 20 de marzo, aunque quedó sujeta a una condición económica: el dirigente deberá depositar una caución de 30 millones de pesos para poder concretar el traslado. La resolución fue firmada por el juez Diego Amarante, quien lleva adelante una investigación que tiene al titular de la AFA bajo la lupa.
El permiso llega en un momento determinante del expediente judicial. Tras completarse las indagatorias y presentarse los escritos de defensa, el magistrado quedó en condiciones de definir la situación procesal de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Desde ahora, el juez cuenta con diez días hábiles para decidir si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito, las tres alternativas previstas por la ley en esta instancia.
La causa se originó a partir de una investigación por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social, que involucra a la conducción de la AFA. Según la acusación, la entidad habría omitido ingresar en tiempo y forma impuestos y contribuciones previsionales, entre ellos Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes al sistema previsional, durante un período que se extiende desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
El monto bajo análisis supera los 19.300 millones de pesos, cifra que surge de una serie de presuntos incumplimientos que se habrían repetido durante 19 meses consecutivos. En total, el expediente contabiliza 69 hechos, todos vinculados a la misma modalidad: retenciones realizadas a terceros que, según la acusación, no habrían sido transferidas al fisco dentro de los plazos legales.
El organismo recaudador ARCA sostiene que durante ese lapso la AFA actuó como agente de retención, descontando impuestos y aportes previsionales a contribuyentes pero sin ingresar esos fondos al Estado dentro del plazo previsto. Además, el organismo remarcó en la causa que la asociación contaba con capacidad económica para afrontar esas obligaciones, ya que en ese mismo período habría recibido ingresos cercanos a los 500 mil millones de pesos.
Desde la defensa de los dirigentes, sin embargo, rechazan la acusación y aseguran que no existió delito. En los escritos presentados ante el juez, Tapia y Toviggino sostuvieron que existían disposiciones administrativas que impedían avanzar con ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que —según su interpretación— modificaba las obligaciones inmediatas de pago.
Además, los abogados argumentaron que la deuda señalada ya fue regularizada y que no hubo intención de cometer fraude. En su descargo, el tesorero de la AFA aseguró que la conducta de la entidad se enmarcó en políticas estatales de alivio fiscal, por lo que —según afirmó— no puede atribuirse voluntad delictiva.
La estrategia defensiva también incluyó un planteo de persecución contra la dirigencia del fútbol argentino, señalando que la denuncia presentada por el Gobierno nacional se realizó en diciembre de 2025, mientras que los hechos investigados se remontan a varios meses antes.
Los dirigentes solicitaron el sobreseimiento, pero el juez Amarante rechazó ese pedido. Esa decisión fue apelada y actualmente se encuentra bajo revisión de la Cámara en lo Penal Económico, que deberá pronunciarse mientras la causa avanza hacia una definición sobre el futuro judicial del presidente de la AFA.
Mientras tanto, Tapia recibió luz verde para viajar a Paraguay, aunque bajo la vigilancia del proceso judicial que podría resolverse en los próximos días.
