El Gobierno se prepara para dar un paso clave en uno de los litigios que siguen abiertos desde el default de 2001: enviará al Congreso un proyecto de ley para habilitar el pago de una sentencia firme dictada en tribunales de Nueva York, en el marco de un acuerdo que aún no fue formalizado en todos sus términos.
La iniciativa apunta a resolver los reclamos de los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, dos acreedores que cuentan con fallos definitivos a su favor por unos 500 millones de dólares. La intervención del Congreso no responde a una nueva negociación, sino a la necesidad de darle respaldo institucional a un entendimiento que ya está encaminado.
El movimiento se produjo después de que los abogados de la Argentina y los representantes de los fondos informaran ante la jueza, Loretta Preska, que habían alcanzado un acuerdo preliminar y solicitaran la suspensión del expediente mientras avanzan en su formalización. Ese entendimiento permitió destrabar uno de los puntos más sensibles del caso, vinculado al reparto de activos ya embargados.
Entre ellos, se encuentran 209 millones de dólares correspondientes al colateral de los bonos Brady que habían sido embargados por Attestor, además de otros 100 millones que permanecían congelados por orden judicial a la espera de una definición sobre su distribución. La resolución de esa disputa interna entre acreedores fue clave para abrir la puerta a una salida del conflicto.
En paralelo, quedó en pausa una estrategia de Bainbridge que buscaba cobrar parte de la deuda mediante la entrega de acciones del Estado en el Banco Nación y en Aerolíneas Argentinas, un escenario que elevaba el nivel de presión sobre activos estratégicos.
Aunque el esquema final de pago todavía no fue detallado, el envío de un proyecto al Congreso muestra que la discusión ya no pasa por la existencia del acuerdo, sino por cómo instrumentarlo. La vía legislativa aparece como el mecanismo elegido para garantizar su ejecución y reducir el riesgo de nuevas disputas judiciales.
Por el momento, ni la Procuración del Tesoro ni la Casa Rosada confirmaron oficialmente el contenido de la iniciativa. Sin embargo, la decisión de avanzar por esta vía refleja que el Gobierno busca cerrar un frente judicial que durante años derivó en embargos, bloqueos de activos y litigios prolongados en el exterior.
Con este paso, el caso entra en una etapa distinta: la de convertir un acuerdo en una solución efectiva, con respaldo legal y menor margen de conflicto a futuro.
