La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, empezó a ordenarse en torno a una pregunta concreta: si los gastos en dólares que realizó en los últimos años pueden explicarse con sus ingresos en pesos como funcionario público.
En ese marco, el juez federal, Ariel Lijo, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti, a pedido del fiscal, Gerardo Pollicita. La medida habilitó el acceso a cuentas, consumos y movimientos financieros, con el objetivo de reconstruir en detalle la evolución patrimonial del funcionario.
Con esa información, la fiscalía comenzó a consolidar una serie de gastos que, en conjunto, rondan los 90 mil dólares en un período de aproximadamente dos años, sin contar los montos correspondientes a hipotecas. Se trata de erogaciones registradas —es decir, en blanco— que ahora deben ser contrastadas con los ingresos declarados por Adorni, cuyo salario mensual se ubicaba en torno a los 3 millones de pesos hasta fines del año pasado.
Entre los movimientos bajo análisis aparece el pago de 30 mil dólares al momento de adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito, una propiedad valuada en 230 mil dólares y financiada en gran parte mediante una hipoteca otorgada por las propias vendedoras. A esa operación se suma otro desembolso de 20 mil dólares para la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, cuyo valor total fue de 120 mil.
La reconstrucción incluye también un pago de 30 mil dólares realizado en noviembre de 2025 para cancelar parte de una hipoteca previa sobre un departamento en la calle Asamblea, así como otros gastos asociados a ese mismo circuito financiero. En paralelo, se incorporaron consumos personales, como un vuelo en avión privado a Punta del Este por 3600 dólares y el pasaje de su esposa en un viaje oficial a Nueva York, con un costo de 5154 dólares.
Otro punto que surgió en las últimas horas fue el pago de 5000 dólares correspondiente a la tasa de ingreso al country Indio Cuá, un dato incorporado a partir de un requerimiento específico de la fiscalía. A esto se suman gastos aún no completamente determinados, como refacciones en las propiedades adquiridas, que forman parte de nuevas medidas de prueba.
El eje del expediente sigue siendo la compra del departamento de Caballito y, en particular, la estructura financiera utilizada para concretarla, incluida una hipoteca sin interés otorgada por las vendedoras. La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, sostuvo que se trató de “una operación normal” y negó la existencia de préstamos en efectivo.
Sin embargo, el fiscal Pollicita considera que existen elementos suficientes para avanzar en la investigación y poner a prueba la coherencia entre ingresos y gastos, que es el núcleo de cualquier causa por enriquecimiento ilícito. En ese camino, la Justicia ya realizó operativos en inmobiliarias, tomó declaraciones y solicitó información a organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Mientras tanto, desde el entorno de Adorni rechazan las acusaciones y aseguran que la situación patrimonial quedará aclarada con la próxima declaración jurada. La investigación, sin embargo, ya no se centra en hipótesis generales, sino en una reconstrucción precisa de movimientos concretos, con un objetivo definido: determinar si, en esa secuencia de números, la cuenta efectivamente cierra.
