El Gobierno nacional dispuso un aumento salarial para los altos funcionarios del Estado a través de un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y cargos jerárquicos, pero excluye al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. El incremento comenzó a regir desde el 1 de enero, no es retroactivo y no especifica el monto exacto de la suba.
La decisión quedó formalizada mediante el decreto 931/2025, que establece que los ajustes salariales se realizarán en función de las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional. Desde el Ejecutivo aseguraron que el esquema no compromete el equilibrio fiscal y remarcaron que se incorporó un mecanismo automático que congela los salarios de los funcionarios si se registra déficit en las cuentas públicas.
El decreto también elimina un artículo de una normativa anterior que fijaba las remuneraciones por fuera de las paritarias, y abre el camino a un nuevo sistema de empleo público. Ese marco, que deberá ser diseñado por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, estará basado en ingreso por mérito, evaluaciones de desempeño, movilidad por competencias y salarios ligados a las responsabilidades de cada cargo.
En el mismo texto, el Gobierno invitó al Poder Judicial, al Congreso, a las provincias, municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar criterios similares de contención salarial en situaciones de desequilibrio presupuestario.
En paralelo, este viernes también se conocieron cambios de fondo en el esquema de subsidios a la luz y el gas. A partir del nuevo régimen, se elimina la segmentación por ingresos vigente desde 2022 y se pasa a un sistema con solo dos categorías: hogares que reciben subsidio y hogares que pagan el costo pleno de la energía.
El nuevo esquema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados, restringe la asistencia estatal a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, un umbral que hoy equivale a casi $3,8 millones mensuales. Además, fija topes de consumo subsidiado que varían según el mes y habilita a la Secretaría de Energía a revisarlos periódicamente.
El decreto también deroga el Programa Hogar y la Tarifa Social Federal de Gas, y establece un plazo de seis meses para que los beneficiarios de esos planes sean incorporados al nuevo régimen.
