Con esta medida, el Ejecutivo busca mejorar la gestión de los excedentes y contener la expansión monetaria, adquiriendo deuda pública a través de los fondos estatales.
El Gobierno oficializó este martes una medida que obliga a todos los organismos y empresas del sector público nacional a invertir sus excedentes de caja en bonos del Tesoro. La disposición, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue establecida a través de la resolución 62/2025 publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de una estrategia para absorber pesos del mercado y reforzar el financiamiento del Estado.
La normativa reglamenta un decreto previo que ya había fijado el marco general de la medida, y establece que cada organismo deberá informar mensualmente sus movimientos financieros y disponibilidades de fondos. Con esa información, el Ministerio de Economía podrá determinar qué montos serán destinados obligatoriamente a la compra de deuda soberana.
El anuncio llegó un día después de una licitación en la que el Tesoro tuvo que convalidar tasas muy elevadas para renovar $11,8 billones, en medio del proceso de eliminación de las Letras de Financiamiento (LEFI). La operación generó críticas de economistas y dirigentes opositores, que cuestionaron el elevado costo que el Gobierno está dispuesto a pagar para sacar pesos del circuito económico.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, respondió a esas críticas a través de redes sociales. “No queremos que sobren pesos en el mercado”, escribió como justificación del esfuerzo fiscal.
Presionado por el sistema financiero, el Ministerio de Economía convalidó tasas de hasta 65% anual, en un contexto donde la inflación proyectada se ubica por debajo del 20%. En la última letra a corto plazo colocada en junio, por ejemplo, se pagó un 4,25% mensual, mientras que la inflación de ese período no superaría el 2%.
La medida de forzar la inversión de fondos públicos en deuda nacional busca garantizar demanda sostenida en las próximas licitaciones y reducir el margen de emisión monetaria. Sin embargo, el uso obligatorio de recursos de organismos públicos vuelve a generar debate sobre la sostenibilidad del esquema financiero oficial.
