Es la primera vez en la historia del país que un exmandatario resulta condenado.
Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente ha sido condenado penalmente. Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó el país entre 2002 y 2010, fue sentenciado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, tras ser hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo fue dictado por la jueza Sandra Liliana Heredia, y establece además una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
La sentencia, que aún no está firme, generó un fuerte impacto político e institucional en Colombia. La defensa de Uribe ya anticipó que apelará el fallo, por lo que el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá.
El juicio del siglo y los cargos
El caso, conocido como el “juicio del siglo”, se remonta a una investigación sobre presunta manipulación de testigos entre 2012 y 2014. Según determinó el tribunal, Uribe utilizó a su entonces abogado, Diego Cadena, para ofrecer beneficios económicos y jurídicos a testigos detenidos, con el objetivo de favorecer su posición en procesos judiciales abiertos en su contra. La jueza concluyó que Uribe tenía pleno conocimiento de las acciones realizadas por Cadena en cárceles del país.
Heredia explicó que se configuraron dos delitos:
- Soborno en actuación penal: por los intentos de Cadena, en nombre de Uribe, de inducir testimonios falsos.
- Fraude procesal: por la presentación ante el alto tribunal de documentos y videos manipulados, con el fin de desviar el curso de la justicia.
Aunque fue absuelto del delito de soborno simple, el fallo dejó en claro que existió una estrategia deliberada para incidir en los procesos judiciales a través de terceros, como también lo hizo notar con el rol del abogado suplente Juan Felipe Amaya.
Reacciones políticas e internacionales
La sentencia provocó reacciones inmediatas a nivel nacional e internacional. En Colombia, sectores políticos polarizados expresaron apoyo o rechazo al fallo y a la jueza Heredia. En tanto, desde Estados Unidos, el senador Marco Rubio criticó duramente la decisión, afirmando que “el único delito de Uribe ha sido luchar y defender a su patria” y advirtió sobre una presunta “instrumentalización radical del Poder Judicial colombiano”.
En respuesta, la Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó cualquier injerencia extranjera y defendió la independencia del Poder Judicial. El presidente Gustavo Petro, por su parte, calificó los comentarios de Rubio como una “intromisión en la soberanía nacional” y pidió a la comunidad internacional que respete las decisiones judiciales del país.
Un proceso con años de controversia
La causa contra Uribe se inició en 2018, cuando la Corte Suprema encontró indicios de que el exmandatario habría intentado manipular testigos para incriminar al senador Iván Cepeda, quien lo había vinculado con grupos paramilitares a partir del testimonio de excombatientes Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra.
En 2020, Uribe fue sometido a arresto domiciliario durante 67 días, mientras aún ejercía como senador. Posteriormente renunció a su banca, lo que permitió que la causa pasara de la Corte Suprema a la justicia ordinaria.
Aunque en 2021 la Fiscalía pidió la preclusión del caso, dos jueces lo rechazaron. Finalmente, en 2024, bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, Uribe fue llamado a juicio por tres cargos: soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
La sentencia de este año marca un precedente inédito en la historia política de Colombia y mantiene el caso bajo la lupa de la opinión pública nacional e internacional.
