El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este martes la apertura de una investigación judicial para analizar la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal. Según el escrito oficial, se habrían grabado y difundido conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Stornelli aclaró que la pesquisa no podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas, amparadas por la Constitución, salvo que los propios periodistas decidan aportar información de manera voluntaria. La aclaración se produjo luego de que el abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, pidiera allanar el canal de streaming Carnaval, que difundió los audios, así como domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio.
De acuerdo con la denuncia, las grabaciones habrían sido obtenidas mediante prácticas de espionaje ilegal y posteriormente editadas, manipuladas y difundidas de forma clandestina a través de medios y redes sociales. El objetivo habría sido desacreditar al Gobierno, influir en la opinión pública, desestabilizar indicadores económicos y afectar el proceso electoral.
El escrito también plantea que la maniobra podría tener un carácter “destituyente” y no limitarse al caso de Karina Milei, ya que incluiría intentos de chantaje a otros funcionarios. Según el fiscal, los hechos habrían ocurrido en ámbitos de competencia federal, lo que justifica la intervención del fuero.
