Lo que había sido organizado como una jornada especial por el Día del Estudiante para compartir con personas privadas de su libertad terminó con un reclamo de docentes, una trabajadora hospitalizada y la suspensión de las actividades educativas en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa.
El episodio ocurrió cuando alrededor de 30 docentes de la Escuela Primaria de Adultos (EPA) N°15 llegaron al establecimiento con pizzas, budines y gaseosas que habían sido previamente autorizados para realizar una actividad con los estudiantes.
Según el relato de las trabajadoras, el ingreso se desarrolló de una manera diferente a la habitual. Denunciaron malos tratos verbales, gritos y cuestionamientos respecto del procedimiento de control, además de situaciones vinculadas con la revisión de los alimentos.
La docente Adriana Gómez, de 49 años y con 23 años de trayectoria, contó a LM Neuquén que los regentes de la escuela habían presentado previamente una nota ante el jefe del servicio penitenciario para solicitar autorización para ingresar la comida.
Las docentes hicieron la fila e ingresaron de a dos, como ocurre habitualmente durante los controles. Sin embargo, según Gómez, desde el comienzo percibieron un trato que consideraron inapropiado.
La maestra sostuvo que el personal penitenciario abrió y manipuló las pizzas y los budines, incluso utilizando utensilios y sin guantes. Las trabajadoras entendían que los alimentos debían ser controlados y comparados con el listado previamente autorizado, pero cuestionaron la forma en que se realizó la revisión.
“Ellos tenían un listado y solo tenían que ver si coincidía lo que llevábamos”, relató Gómez.
El procedimiento que generó mayor tensión
El momento de mayor angustia se produjo cuando llegó el turno de Gómez de atravesar el denominado bodycam, un sistema utilizado para realizar un escaneo corporal durante el ingreso.
La docente explicó que hacía tiempo que ese procedimiento no se utilizaba con quienes trabajan en la escuela y que era la primera vez que debía atravesarlo.
Según su relato, recibió indicaciones para levantar los brazos y abrir las piernas y permaneció dentro del dispositivo mientras se realizaba el control.
Cuando la cinta se detuvo, Gómez aseguró que permaneció esperando la indicación para retirarse. Al advertir que sus compañeros continuaban ingresando, preguntó si el procedimiento había terminado.
Según contó, una trabajadora penitenciaria le indicó que debía quedarse un momento más y luego le ordenó sentarse en un sector mientras continuaba el ingreso del resto del grupo.
La docente manifestó que no recibió explicaciones sobre el motivo por el cual debía permanecer allí y que comenzó a ponerse nerviosa al ver que sus compañeros avanzaban mientras ella seguía esperando.
En determinado momento, siempre de acuerdo con su testimonio, una trabajadora le comunicó que un jefe hablaría con ella. La situación incrementó su preocupación porque, afirmó, desconocía qué había motivado esa decisión.
Desde el exterior, sus compañeros comenzaron a llamarla para que saliera. Gómez intentó retirarse, pero las puertas permanecían cerradas y los docentes no tienen acceso ni control sobre los mecanismos de ingreso y egreso del establecimiento. Finalmente pudo salir del sector.
Una vez afuera, las regentes de la escuela realizaron un acta para dejar constancia de lo ocurrido. También se presentaron dos jefes del establecimiento penitenciario, quienes escucharon el relato de las docentes.
Según Gómez, los responsables señalaron que tenían conocimiento de que el grupo ingresaría alimentos porque la actividad había sido autorizada, aunque no estaban al tanto de cómo se había desarrollado el procedimiento realizado por el personal encargado de la requisa.
La docente aseguró que los responsables penitenciarios pidieron disculpas y anticiparon que tomarían medidas respecto del personal que había participado del procedimiento.
Una docente terminó en el hospital
Después de retirarse del complejo, Gómez comenzó a sentirse mal y fue trasladada al Hospital de Senillosa.
Según informó LM Neuquén, allí le constataron una presión arterial de 19.3, además de un cuadro de angustia y una crisis nerviosa. Recibió atención médica, se le indicó reposo durante el resto de la semana y también recibió contención del equipo psicosocial del hospital.
La docente relató que concurrió sola al hospital y que otras compañeras también abandonaron el lugar entre lágrimas como consecuencia de la situación.
Desde ATEN Senillosa expresaron su solidaridad con las trabajadoras de la EPA N°15 y repudiaron lo que el gremio definió como “hechos de violencia” por parte del personal del complejo penitenciario.
El sindicato sostuvo que los alimentos habían sido previamente autorizados y denunció malos tratos verbales, gritos y un presunto incumplimiento del protocolo acordado para la comunicación entre el personal docente y penitenciario y para los controles de ingreso.
ATEN también cuestionó específicamente la situación atravesada por Gómez luego de pasar por el bodycam y su posterior traslado al hospital.
Las clases quedaron suspendidas
Después de lo ocurrido, las docentes resolvieron suspender las actividades educativas dentro del complejo penitenciario hasta que se concrete una reunión entre los directivos de la escuela, supervisores del Consejo Provincial de Educación, autoridades penitenciarias y representantes de ATEN.
El gremio reclamó además a la Dirección de la Modalidad de Contexto de Encierro que diseñe y haga cumplir un nuevo protocolo de seguridad para los docentes que trabajan en establecimientos penitenciarios.
También pidió la intervención de la ministra de Educación, Soledad Martínez, para garantizar el resguardo físico y psicológico del personal docente.
Mientras se espera esa reunión, las clases permanecerán suspendidas. Las trabajadoras buscan que el próximo ingreso al penal pueda realizarse con pautas claras y acordadas previamente, tanto para los controles de seguridad como para el trato y la comunicación con quienes desarrollan allí su tarea educativa.
El reclamo se inscribe además en la particularidad de la educación en contexto de encierro, donde los docentes ingresan diariamente a establecimientos penitenciarios para garantizar el derecho a la educación de personas privadas de su libertad.
Gómez remarcó que los estudiantes también tienen derecho a participar de actividades diferentes y sostuvo que la tarea de las docentes consiste en brindarles oportunidades educativas que muchas veces no tuvieron antes de ingresar al sistema penitenciario.
La información pública disponible sobre el episodio surge principalmente del relato de la docente afectada y del posicionamiento difundido por ATEN. En la publicación consultada no aparece una versión detallada del Servicio Penitenciario que permita contrastar esas denuncias sobre el procedimiento de ingreso.
Por ahora, el punto de acuerdo entre las partes es la necesidad de una reunión para revisar lo ocurrido y establecer las condiciones bajo las cuales continuará la actividad educativa dentro de la unidad.
