La difusión de obras realizadas sobre las rutas nacionales 12 y 14 derivó en un nuevo enfrentamiento político que fue más allá de los trabajos ejecutados. Detrás del intercambio entre funcionarios nacionales y bonaerenses reapareció una discusión de fondo sobre el rol del Estado y del sector privado en la financiación de la infraestructura.
La controversia comenzó luego de que la Oficina de Respuesta Oficial destacara la rehabilitación de más de 200 kilómetros de las rutas que conectan Zárate con Gualeguaychú. Desde el Gobierno nacional presentaron los trabajos como una muestra del esquema impulsado por el presidente, Javier Milei, basado en concesiones privadas en lugar de obra pública financiada directamente por el Estado.
En el mensaje oficial se remarcó que las tareas fueron ejecutadas mediante inversión y gestión privada, un sistema que el Ejecutivo busca exhibir como alternativa al modelo tradicional de financiamiento estatal de obras viales. Según la publicación, los trabajos se realizaron en un plazo de cinco meses sobre uno de los corredores más transitados del Mercosur.
La respuesta llegó desde la provincia de Buenos Aires. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, relativizó el alcance de las tareas y cuestionó que el Gobierno celebrara la reparación de un tramo limitado de la red vial nacional. Además, sostuvo que las obras públicas permanecen paralizadas mientras se utilizan otros recursos para sostener el superávit fiscal.
Katopodis también apuntó al destino de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles y del ex Impuesto PAIS. Según planteó, los usuarios terminan financiando los trabajos mediante el pago de peajes, mientras el Estado nacional reduce su participación directa en la ejecución de infraestructura.
Las declaraciones encontraron una rápida respuesta de Pablo Quirno, quien responsabilizó a la gestión anterior por el deterioro de las rutas nacionales. El funcionario sostuvo que las administraciones previas descuidaron el mantenimiento vial mientras destinaban recursos a otras obras consideradas menos prioritarias.
Más allá del cruce de acusaciones, el episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa buena parte de las políticas de infraestructura del país. Por un lado, el Gobierno defiende un esquema donde las concesiones privadas asumen un rol central en la ejecución y el mantenimiento de las obras. Por otro, sectores de la oposición sostienen que determinadas intervenciones requieren financiamiento estatal para garantizar su desarrollo.
En ese contexto, un anuncio sobre trabajos viales terminó exponiendo dos modelos contrapuestos sobre cómo financiar y gestionar la obra pública en la Argentina, una discusión que promete seguir presente a medida que avance la redefinición del rol del Estado en materia de infraestructura.
