El proyecto petrolero Sea Lion volvió a quedar en el centro de la disputa por las Islas Malvinas luego de que el gobierno de Javier Milei anunciara nuevas medidas contra las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en la zona. Se trata de un desarrollo offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, que podría comenzar a producir petróleo en 2028.
El yacimiento fue descubierto en 2010 por la compañía británica Rockhopper Exploration, que realizó tareas de exploración en aguas ubicadas al norte de las islas. El proyecto se encuentra en una zona marítima cuya soberanía es reclamada por la Argentina y administrada por las autoridades británicas de las Malvinas.
A comienzos de 2020, la empresa israelí Navitas Petroleum ingresó al proyecto tras adquirir una participación del 30%. Con el avance del desarrollo, ambas compañías quedaron al frente de la iniciativa y comenzaron a trabajar en una propuesta para llevar el descubrimiento a una etapa de producción comercial.
Sea Lion se encuentra en aguas de aproximadamente 450 metros de profundidad y constituye uno de los principales proyectos petroleros desarrollados alrededor de las Malvinas. La primera etapa contempla una producción máxima cercana a los 50.000 barriles de petróleo por día y el inicio de la extracción está previsto para 2028.
La iniciativa tomó un nuevo impulso en diciembre de 2025, cuando Navitas y Rockhopper adoptaron la decisión final de inversión para desarrollar la primera fase del yacimiento. Esa decisión permitió avanzar con la planificación de las instalaciones necesarias para comenzar la producción después de años de exploración y estudios.
La primera fase del desarrollo apunta a recuperar alrededor de 170 millones de barriles, con una producción máxima estimada en 50.000 barriles diarios. Para las autoridades de las islas, el proyecto representa una oportunidad para transformar la estructura económica local, históricamente vinculada principalmente con la pesca, la ganadería y el turismo.
El avance de Sea Lion, sin embargo, generó un fuerte rechazo por parte de la Argentina. El Gobierno sostiene que las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en las áreas marítimas vinculadas con la disputa de soberanía son ilegítimas y considera que la explotación de los recursos naturales constituye una acción unilateral.
La posición argentina también se apoya en las resoluciones de Naciones Unidas que instan a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía. Para Buenos Aires, mientras la controversia permanezca sin resolver, ninguna de las partes debería avanzar unilateralmente sobre los recursos naturales de la zona.
Rockhopper ya había sido sancionada por la Argentina. En 2013 fue inhabilitada durante 20 años para realizar actividades en el país debido a operaciones hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en la plataforma continental.
El conflicto volvió a escalar con la decisión de inversión adoptada por las compañías y con el avance hacia la etapa de producción. Desde la Argentina se cuestionó especialmente que un proyecto de semejante magnitud pueda desarrollarse mientras continúa abierta la disputa por la soberanía de las islas.
En ese contexto, Milei anunció que su Gobierno utilizará herramientas diplomáticas, económicas y judiciales para intentar frenar las actividades que considere contrarias a los intereses argentinos. También anticipó modificaciones a la legislación para endurecer las sanciones contra las compañías que participen directa o indirectamente de explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas.
La estrategia oficial contempla además alcanzar a empresas que presten servicios o intervengan en la cadena de operaciones. El objetivo planteado por el Gobierno es que las compañías que participen del desarrollo petrolero en las Malvinas enfrenten restricciones para operar en el territorio argentino.
El potencial económico de Sea Lion explica buena parte de la atención que genera el proyecto. Las estimaciones sobre los recursos recuperables fueron modificándose a lo largo de los años, pero se trata de un yacimiento de una escala suficiente como para modificar el perfil energético de las islas si finalmente alcanza la producción prevista.
Para el Reino Unido y las autoridades de las Malvinas, el desarrollo petrolero se encuentra dentro de las competencias que ejercen sobre el territorio. Para la Argentina, en cambio, la explotación de esos recursos forma parte de una actividad desarrollada en un área cuya soberanía permanece en disputa.
Así, Sea Lion dejó de ser solamente un proyecto energético. El desarrollo del yacimiento se convirtió en uno de los principales puntos de tensión alrededor de la cuestión Malvinas, en momentos en que la disputa volvió a ganar espacio en la agenda internacional y el Gobierno argentino busca combinar el reclamo diplomático con nuevas herramientas económicas, legales y de defensa.
