El presidente Javier Milei anunció una serie de medidas para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, que incluyen sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona, cambios en la legislación vigente y la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Durante la cadena nacional que brindó este jueves, el mandatario confirmó que enviará al Congreso un paquete de iniciativas para ampliar las herramientas del Estado frente a las actividades que la Argentina considera ilegales en el territorio y los espacios marítimos en disputa. También adelantó un decreto reglamentario para acelerar los mecanismos de sanción previstos en la Ley 26.659.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó Milei al comenzar su mensaje. En esa línea, sostuvo que el Estado debe utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender el reclamo de soberanía y los recursos naturales vinculados con el territorio.
Uno de los principales argumentos utilizados por el Presidente estuvo relacionado con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Milei cuestionó que se avance con la extracción de hidrocarburos mientras permanece abierta la disputa de soberanía y advirtió sobre la posibilidad de que las empresas comiencen a apropiarse de las reservas ubicadas bajo el mar.
El Gobierno sostiene que la explotación constituye una acción unilateral sobre recursos naturales de un área cuya soberanía es objeto de controversia. Según la información difundida, Sea Lion contempla una primera etapa de desarrollo con una inversión de unos US$1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el comienzo de la extracción en 2028. Las estimaciones citadas sobre el volumen recuperable rondan los 819 millones de barriles.
Frente a ese escenario, el decreto reglamentario anunciado por Milei busca dar mayor coordinación y velocidad al procedimiento para aplicar sanciones. Entre las medidas se encuentra la obligación de que los organismos estatales que detecten incumplimientos legales remitan esa información a la Cancillería, para que pueda avanzar con las actuaciones correspondientes.
El decreto también incorporará declaraciones juradas en determinados trámites hidrocarburíferos y dentro del RIGI, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa argentina y evitar que accedan a esos mecanismos empresas que desarrollen actividades en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer la posición de soberanía del país.
La otra parte central del paquete estará en el Congreso. El Gobierno enviará un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y ampliar sus efectos a compañías que presten servicios a quienes participen de explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas.
La iniciativa también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo establecer una política de seguridad de aplicación transversal. La propuesta apunta a que Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía trabajen de manera coordinada frente a situaciones que involucren la soberanía y los recursos estratégicos del país.
El proyecto incorpora además un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima, según explicó el Presidente. La intención planteada por el Gobierno es ampliar las capacidades del Estado frente a posibles amenazas contra la integridad territorial.
En paralelo, Milei anunció que el Gobierno ampliará los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. La iniciativa también contempla fortalecer las capacidades de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas.
Según explicó el mandatario, la nueva infraestructura permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y reforzar la proyección geopolítica del país en una zona considerada estratégica. Milei vinculó esta decisión con la necesidad de recuperar capacidad de planificación de largo plazo y fortalecer las Fuerzas Armadas.
La cuestión Malvinas volvió a tomar fuerza en la agenda internacional durante los últimos días, después de que Donald Trump planteara la posibilidad de revisar la posición histórica de Estados Unidos frente a la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido. Sus declaraciones generaron una respuesta inmediata de Londres y de las autoridades británicas de las islas, que reafirmaron su posición.
El nuevo escenario coincidió con el avance de Sea Lion. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration comunicaron en diciembre de 2025 su decisión final de inversión para la primera etapa del proyecto, mientras que la Cancillería argentina rechazó el desarrollo por considerar que se trata de una explotación unilateral de recursos en una zona alcanzada por la disputa de soberanía.
Rockhopper ya había sido declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años, mientras que Navitas recibió posteriormente una sanción equivalente por actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. La posición del Gobierno también alcanza a las concesiones, los proveedores y otras actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto petrolero.
Con las nuevas medidas, la administración de Milei busca combinar la vía diplomática con herramientas económicas, legales, judiciales y de defensa para reforzar su reclamo sobre las Malvinas y evitar que avance la explotación de recursos que considera pertenecientes al territorio argentino.
